Una escuela sigue abierta en La Habana, pero con menos clases: ¿cómo proteger la educación de niños con discapacidad visual?
La escuela Abel Santamaría, en La Habana, mantiene la enseñanza para 44 estudiantes ciegos o con baja visión en medio de dificultades de transporte, electricidad y materiales escolares. Según el reportaje aportado, la falta de combustible obligó al centro a reducir las clases presenciales a cuatro días por semana. Los viernes, los alumnos realizan en casa ejercicios preparados por sus profesores. El transporte escolar continúa funcionando, aunque esa continuidad no ha permitido conservar las cinco jornadas de asistencia. La situación plantea una diferencia importante entre mantener una institución abierta y garantizar todas las condiciones que necesita su alumnado. ¿Cómo sostener una atención especializada cuando también se reducen el tiempo presencial y los recursos disponibles?
La historia de Yarnelys Bec Abalela permite comprender lo que representa este centro para algunas de sus familias. La docente llegó a la escuela cuando tenía tres años y una catarata congénita amenazaba su visión, de acuerdo con el relato periodístico facilitado. Después de terminar noveno grado, continuó su formación en educación especial y regresó para trabajar con niños que enfrentaban dificultades similares. «Gracias a lo que aprendí en este centro, pude convertirme en maestra», afirmó en declaraciones recogidas en el reportaje. Bec acumula 21 años de trabajo en la institución y se desempeña como profesora de quinto grado y terapeuta. Su recorrido muestra el vínculo entre los apoyos recibidos durante la infancia y las oportunidades de formación y participación en la vida adulta.
La reducción de la asistencia presencial también modifica el papel de las familias. Los ejercicios enviados a casa buscan mantener la continuidad del aprendizaje, pero la dirección del centro reconoce que no reemplazan completamente la enseñanza especializada. «Recibir instrucción de un familiar, en casa, no es lo mismo que hacerlo presencialmente, con profesores capacitados», expresó la directora Suramis Rodríguez, según el reportaje. La diferencia resulta especialmente relevante cuando los estudiantes requieren materiales accesibles y acompañamiento adaptado. UNICEF señala, en su programa para Cuba, que trabaja en el «fortalecimiento de capacidades de docentes y directivos» para ofrecer atención especializada a niños y adolescentes con discapacidad. Ese enfoque sitúa la preparación profesional como una parte necesaria de la respuesta educativa, no como un recurso que pueda sustituirse sin consecuencias.
Los apagones añaden otra dificultad al funcionamiento de la escuela. La información aportada describe interrupciones prolongadas que obligan a reorganizar las actividades para aprovechar la iluminación natural. Según la directora, los profesores acercan a los estudiantes a las ventanas o trasladan las clases a patios y pasillos. Para los alumnos con baja visión, las condiciones de iluminación forman parte de las necesidades que deben considerarse al organizar el aprendizaje. La adaptación permite continuar determinadas tareas, pero no demuestra que todas puedan desarrollarse de la misma manera. Por ello, las soluciones improvisadas deben distinguirse de las condiciones estables y accesibles que el centro necesita para atender a cada estudiante.
La escasez de recursos tampoco se limita al suministro eléctrico. El reportaje menciona dificultades para disponer de gafas y papel braille, dos recursos relacionados con necesidades diferentes dentro del alumnado. Hablar de discapacidad visual no significa que todos los niños tengan la misma capacidad de visión ni que utilicen los mismos apoyos. Un material sobre educación especial publicado por UNICEF destaca la importancia de una atención «individualizada y diferenciada». También subraya la necesidad de proporcionar los recursos y apoyos que permitan responder a las exigencias del proceso educativo. Desde esa perspectiva, el problema no consiste únicamente en impartir una clase, sino en asegurar que cada alumno pueda acceder a ella y participar.
El caso de la Abel Santamaría se relaciona con un enfoque educativo que UNICEF ha documentado anteriormente en Cuba. En una publicación de 2016, el organismo explica que los servicios para la infancia con discapacidad deben adaptarse a las necesidades específicas de cada niño. El documento describe tanto la atención en espacios ordinarios con apoyos como la enseñanza en instituciones especializadas con personal cualificado. También indica que las decisiones sobre esas alternativas requieren la participación de profesionales de la educación y de las familias. Esa publicación sirve para comprender el modelo descrito entonces, pero no permite confirmar las condiciones actuales de todas las escuelas del país. Su principio central sigue siendo pertinente para analizar esta noticia: la respuesta debe organizarse alrededor de las necesidades del alumnado.
Los testimonios de la escuela muestran una voluntad de continuidad que convive con limitaciones concretas. «En medio de esta situación, este sigue siendo el mejor lugar para proporcionar a estos niños las herramientas que necesitan para sus vidas», sostuvo Bec en el reportaje facilitado. Esa valoración expresa su compromiso con el centro, pero no elimina las dificultades señaladas por la propia comunidad educativa. La inclusión requiere algo más que mantener la matrícula: también implica apoyos, accesibilidad y oportunidades de aprendizaje acordes con cada estudiante. El trabajo de UNICEF en formación docente ofrece un marco para entender por qué esos componentes deben analizarse juntos. La pregunta pendiente es qué medidas permitirán recuperar el tiempo presencial y garantizar que las adaptaciones de emergencia no se conviertan en una reducción permanente de oportunidades.
