cartel no mas feminicidios

¿Es la violencia machista en Cuba una emergencia desatendida por las instituciones estatales?.

El registro independiente de crímenes por razones de género en el archipiélago cubano alcanzó un nuevo umbral crítico tras confirmarse el asesinato de una mujer en el litoral este de La Habana. El Observatorio de Género de la revista feminista Alas Tensas (OGAT) elevó a sesenta los feminicidios verificados en lo que va de año 2026 tras corroborar el hallazgo del cuerpo de Marili Reina Fajardo, de 45 años, en la localidad costera de Brisas del Mar. La víctima, madre de tres hijos, había sido reportada como desaparecida desde la madrugada del pasado miércoles 21 de octubre cuando se dirigía a su centro laboral en el municipio de Habana del Este. La organización civil denunció la persistencia de una elevada misoginia estructural y reiteró la urgencia de establecer protocolos de protección institucional con perspectiva de género. ¿Disponen las autoridades judiciales de mecanismos eficaces para prevenir estos delitos o continúa recayendo la documentación de los abusos exclusivamente en las redes cívicas independientes?

De acuerdo con las indagaciones comunitarias desarrolladas por el observatorio independiente, la víctima salió de su domicilio en el reparto La Lima, en Guanabo, alrededor de las cinco y media de la mañana para cumplir con sus labores como empleada doméstica. Tras no llegar a su destino ni comunicarse con sus allegados durante la jornada, familiares y vecinos iniciaron labores de búsqueda que culminaron horas más tarde con el hallazgo de su cadáver con evidentes signos de extrema violencia física y agresión sexual. Al fundamentar la clasificación del caso, la directora de OGAT, Ileana Álvarez, expresó: «Su asesinato vuelve a poner de manifiesto la extrema violencia contra las mujeres en Cuba y la necesidad urgente de investigar estos crímenes con perspectiva de género». La activista precisó además que la verificación del crimen se logró mediante entrevistas directas con parientes, amistades y residentes de la zona.

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El hecho reabre el debate sobre la vulnerabilidad y los riesgos de seguridad que enfrentan las trabajadoras que deben desplazarse a pie durante las primeras horas de la madrugada. Diversas organizaciones cívicas han advertido que los recurrentes cortes del suministro eléctrico y el déficit de alumbrado público en las calles periféricas dificultan la visibilidad y limitan las posibilidades de auxilio inmediato ante agresiones en la vía pública. Asimismo, la escasez de transporte público regular obliga a muchas mujeres a realizar extensas caminatas en solitario por tramos despoblados para acudir a sus empleos. Aunque en el caso de Fajardo las investigaciones policiales se mantienen en curso sin haberse precisado si el móvil incluyó un robo o si existía un apagón en el área exacta del hallazgo, los colectivos feministas insisten en que la precariedad de los servicios urbanos incrementa el desamparo ciudadano.

La víctima sostenía económicamente su hogar mediante el desempeño simultáneo de varias labores informales. A Marili Reina Fajardo le sobreviven tres hijos: dos mujeres mayores de edad y un varón menor que dependía directamente de sus ingresos cotidianos. Al describir su perfil humano, Álvarez destacó: «Quienes conocieron a Marili la describen como una mujer humilde y luchadora que realizaba varios trabajos para salir adelante y sostener a su familia». La directora del observatorio enfatizó que hasta el momento no se ha informado públicamente sobre la captura del agresor, subrayando: «Es importante aclarar que hasta el momento no se ha identificado públicamente a la persona responsable del asesinato». La entidad exigió transparencia en las pesquisas del Ministerio del Interior para garantizar que el crimen no quede en la impunidad.

Con este reciente suceso, la provincia de La Habana se consolida como el territorio con mayor incidencia de violencia feminicida en el país durante 2026, acumulando 12 casos que representan el veinte por ciento del total nacional verificado. Los hechos fatales se distribuyen en municipios densamente poblados como Habana del Este, San Miguel del Padrón, Centro Habana, Arroyo Naranjo, Diez de Octubre y Plaza de la Revolución. El subregistro histórico de OGAT documenta al menos 376 feminicidios en Cuba desde el inicio de sus registros sistemáticos en 2019. La cifra de 60 víctimas mortales en los primeros diez meses del año supera los balances anuales de 2024 y 2025, evidenciando una tendencia al alza en los ataques con violencia extrema contra las mujeres en diversas provincias.

Además de los crímenes consumados, el observatorio mantiene documentados durante el presente año al menos 38 intentos de feminicidio y dos homicidios de hombres en contextos de violencia machista. El equipo de investigadoras tiene abiertas pesquisas sobre once posibles casos adicionales y 17 alertas de intentos que requieren confirmación documental en el terreno. Asimismo, el organismo reiteró su solicitud formal de acceso a los expedientes judiciales y policiales de investigaciones previas, incluyendo las muertes de Anais Tamayo Puente y Danaibis Tamayo Ramírez, así como el caso de Bárbara Sánchez González bajo sospecha de suicidio feminicida. La organización recordó a la ciudadanía que aportar testimonios no constituye delito y resulta vital para visibilizar el fenómeno en la isla.

El debate social en torno a las cifras de violencia de género confronta la falta de una ley integral de protección específica para las mujeres en el marco legislativo cubano. Colectivos feministas independientes continúan demandando la tipificación expresa del delito de feminicidio en el Código Penal, la apertura de refugios para víctimas en riesgo inminente y la publicación de estadísticas oficiales periódicas y desglosadas. Por su parte, las instituciones estatales argumentan que el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres y el Observatorio Científico de Género abordan la problemática mediante acciones preventivas y sanciones agravadas en los tribunales. ¿Serán suficientes las medidas punitivas actuales para frenar la violencia de género o se requiere una transformación integral de las políticas de prevención y protección estatal? La respuesta a esta interrogante definirá la seguridad y el derecho a la vida de miles de mujeres en el país.