«Un preso para apuñalarme»: la carta de Denys Hernández que exige respuestas sobre su seguridad en Cuba.
Denys Hernández Ramírez, encarcelado tras las protestas del 11 de julio de 2021, denunció golpizas, aislamiento y amenazas de muerte en una carta enviada desde la prisión de Guanajay. Prisoners Defenders publicó el 21 de octubre su testimonio y explicó que recibió un manuscrito de cuatro páginas fechado dos días antes. La organización sostiene que el documento describe abusos sufridos durante su reclusión y presiones posteriores a una excarcelación condicional. El episodio más reciente incluye, según el preso, una oferta de libertad a cambio de convertirse en informante. Se trata de denuncias graves que requieren investigación independiente y que no deben presentarse como hechos judicialmente probados.
Hernández Ramírez fue detenido el 19 de julio de 2021 por su participación en las manifestaciones de San Antonio de los Baños, según la reconstrucción publicada por la organización. En marzo de 2022 recibió una condena de seis años de prisión por dos delitos de desacato y uno de desórdenes públicos. Prisoners Defenders afirma que su intervención consistió en portar una bocina y reproducir música y consignas, incluida Patria y Vida, sin que identificara actos violentos individuales en su expediente. El detenido describe su proceso como «un juicio simulado, con testigos falsos y jueces, fiscales y abogados manipulados por la Seguridad del Estado». Esa valoración pertenece a su testimonio y no sustituye una revisión independiente de las actuaciones judiciales.
La carta sitúa el inicio de los malos tratos en los primeros días de detención. Hernández Ramírez relata que compartió una celda de aproximadamente dos por tres metros con otros siete detenidos, en condiciones que describe como insalubres. También denuncia hambre, sed, escabiosis, amenazas y abusos físicos durante ese período. Uno de los episodios centrales ocurrió, según su relato, el 13 de noviembre de 2021, cuando varios presos del 11J iniciaron una huelga de hambre para reclamar su libertad. «Esa fue la primera vez que fui torturado físicamente», escribió al describir una golpiza que atribuye a una intervención contra los huelguistas.
El manuscrito también recoge castigos que Hernández Ramírez relaciona con sus convicciones políticas. Afirma que en agosto de 2023 él y Víctor Alejandro Painceira Rodríguez fueron esposados de manos y pies después de negarse a participar en una actividad por el natalicio de Fidel Castro. «Pasamos la noche en celda de castigo sin comer, beber agua ni colchón para dormir», denunció. En otro episodio, asegura que permaneció más de un mes aislado, con escasa ventilación y comunicaciones restringidas, después de una huelga de hambre. Las Reglas Nelson Mandela definen el aislamiento como un mínimo de 22 horas diarias sin contacto humano apreciable y consideran prolongado el que supera los 15 días consecutivos, una práctica que prohíben.
Hernández Ramírez salió de prisión bajo libertad condicional en enero de 2025, pero sostiene que las amenazas continuaron fuera del penal. «Pensé que el hostigamiento terminaría, pero realmente apenas comenzaba», escribió. Según su versión, recibía citaciones periódicas y advertencias de que volvería a prisión si mantenía sus opiniones y publicaciones críticas. El relato también menciona la imposición de trabajo en un centro estatal, una circunstancia que Prisoners Defenders considera coercitiva. La existencia de una excarcelación condicional, por tanto, no significó para él el final de la condena ni, según denuncia, de las presiones.
El regreso a prisión aparece vinculado a una citación policial del 24 de marzo de 2026. Hernández Ramírez afirma que un agente cuyo nombre desconocía le reprochó seguir publicando contra el «proceso revolucionario» y le ofreció libertad si aceptaba actuar como informante. Al rechazarlo, asegura que recibió una amenaza directa: «Me dijo que en la prisión ya me esperaba un preso para apuñalarme si él le daba la orden». También denunció que le anunciaron «una golpiza que jamás olvidaría» si hacía públicos los abusos. En las fuentes consultadas no se localizó una respuesta oficial específica a estas acusaciones ni información sobre medidas adoptadas para protegerlo.
Prisoners Defenders exige su liberación y una investigación independiente de las amenazas, dentro de un registro que contabilizaba 1.351 prisioneros políticos y de conciencia al cierre de septiembre. Esa cifra corresponde a la metodología de la organización e incluye situaciones de privación o restricción de libertad, no únicamente personas dentro de cárceles. Con independencia de la controversia sobre su causa penal, las normas de Naciones Unidas establecen la protección de los reclusos frente a la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes. La seguridad de Hernández Ramírez es, por ello, una cuestión que necesita respuestas verificables, no solo una disputa de versiones. Su carta termina con una afirmación de resistencia —«aquí seguiré firme en mis convicciones»— y deja una pregunta urgente: ¿qué investigación y qué protección concreta recibirán estas denuncias?