Una jueza de Miami firmó una orden estatal de arresto contra Raúl Castro por un cargo de conspiración para cometer asesinato en primer grado, relacionado con el derribo de dos aeronaves civiles de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996. La decisión, anunciada oficialmente este 19 de octubre, fue suscrita por Ariana Fajardo Orshan, jueza principal del Undécimo Circuito Judicial de Florida, y establece que no se conceda fianza. En el ataque murieron Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales, cuyos nombres figuran tanto en las comunicaciones estatales como en la acusación federal presentada meses antes. La medida representa un nuevo procedimiento penal contra el exgobernante cubano, pero no significa que haya sido detenido ni que exista una sentencia que determine su culpabilidad. La pregunta que abre esta actuación es concreta: ¿qué posibilidades existen de que la orden termine convirtiéndose en una comparecencia ante la justicia estadounidense?
La acusación estatal sostiene que Castro, entonces ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y primer vicepresidente de Cuba, formaba parte del nivel de mando que autorizó la operación contra las avionetas. Según el resumen oficial de la declaración jurada, agentes de la inteligencia cubana pertenecientes a la Red Avispa se infiltraron en Hermanos al Rescate y transmitieron información sobre sus planes de vuelo desde los condados de Miami-Dade y Monroe. Las autoridades vinculan esas actividades con la llamada Operación Escorpión y consideran que la recopilación y el envío de datos constituyen elementos de una conspiración desarrollada parcialmente en Florida. Esa conexión territorial explica por qué la Fiscalía de ámbito estatal, conocida por sus siglas en inglés OSP, asumirá el caso como una presunta trama organizada que abarca más de un circuito judicial. El fiscal general James Uthmeier defendió la actuación con una afirmación que, traducida del comunicado, dice: «Los espías del régimen de Castro operaban en nuestras comunidades, enviaban información de inteligencia a La Habana y ayudaron a poner a pilotos civiles en la mira de los MiG cubanos». Estas son las alegaciones de la parte acusadora y deberán someterse al proceso judicial correspondiente.
Los hechos investigados comenzaron con la salida de tres aviones civiles desarmados desde el aeropuerto de Opa-locka, en Miami-Dade, el 24 de febrero de 1996. Hermanos al Rescate realizaba vuelos sobre el estrecho de Florida para localizar a migrantes cubanos en peligro, según describe el Departamento de Justicia estadounidense. La acusación sostiene que cazas militares cubanos dispararon misiles contra dos de aquellas aeronaves, identificadas como Cessna, y las destruyeron fuera del territorio cubano, causando la muerte de sus cuatro ocupantes. El comunicado estatal añade que ambos aparatos se alejaban de Cuba y que no recibieron advertencias antes del ataque, pese al contacto con el control aéreo de La Habana. Aunque la investigación y el procedimiento se desarrollan en Florida, las autoridades sitúan el derribo sobre aguas internacionales; por tanto, no debe confundirse el lugar de la presunta conspiración con el escenario de las muertes. Entre las víctimas había tres ciudadanos estadounidenses y un residente permanente legal, de acuerdo con la información disponible sobre el caso.
La orden estatal se suma a una causa federal anunciada el 20 de mayo de 2026, cuando el Departamento de Justicia hizo pública una acusación ampliada contra Castro y otros cinco señalados por su presunta participación en el ataque. Ese expediente incluye conspiración para matar a nacionales estadounidenses, cuatro cargos de asesinato y dos de destrucción de aeronaves, mientras la nueva actuación de Florida atribuye a Castro un cargo de conspiración para cometer asesinato en primer grado. Se trata, por tanto, de procedimientos distintos, aunque relacionados con los mismos hechos y con parte de la misma investigación. El fiscal federal del Distrito Sur de Florida, Jason A. Reding Quiñones, explicó la relación entre ambos al declarar, según traducción del comunicado estatal: «Nuestra histórica acusación federal sentó las bases, y James y su equipo han dado ahora el importante paso de presentar cargos conforme a la ley de Florida». La comunicación federal también recuerda expresamente que una acusación es solo una alegación y que los procesados conservan la presunción de inocencia hasta que su culpabilidad sea probada más allá de toda duda razonable ante un tribunal.
El anuncio devuelve al primer plano una causa que, treinta años después, sigue vinculada al reclamo de las familias y de la comunidad cubanoamericana de Miami. Uthmeier afirmó, en una traducción de sus palabras oficiales: «Treinta años después, seguimos luchando por justicia para Carlos Costa, Pablo Morales, Mario de la Peña y Armando Alejandre Jr.». El Departamento de Aplicación de la Ley de Florida informó que la investigación permanece activa y que podrían presentarse cargos adicionales, sin anunciar la captura de Castro. La existencia de una orden de arresto no resuelve por sí sola cómo se lograría su detención, y continúa siendo incierto si el exmandatario llegará a comparecer ante un tribunal estadounidense. Ese es el punto que separa el anuncio judicial de su posible resultado: ¿conseguirá este nuevo procedimiento llevar el caso a juicio o seguirá pendiente la detención necesaria para avanzar contra él?