Nuevos cargos contra el “Spiderman cubano”: ¿qué justifica mantenerlo en prisión antes del juicio?
Javier Ernesto Martín Gutiérrez, conocido como el “Spiderman cubano”, continúa en prisión provisional mientras su proceso incorpora nuevas acusaciones, según denunció Cubalex. A la imputación inicial por desórdenes públicos se añadieron las de desacato y propaganda contra el orden constitucional. La organización publicó una actualización del caso en la que cuestiona los fundamentos empleados para mantenerlo encarcelado. Según ese reporte, todavía no se ha informado una fecha de juicio ni una petición de pena de la Fiscalía. El caso abre una pregunta sobre las garantías procesales: ¿qué riesgos concretos justifican privar de libertad a una persona que aún no ha sido condenada?
El deportista fue detenido el 24 de abril de 2026 en la intersección de las calles 43 y 90, en el municipio habanero de Marianao. Cubalex documentó entonces su arresto y comunicó posteriormente su traslado a Villa Marista, sede de la Seguridad del Estado. Según el testimonio atribuido a Martín Gutiérrez y difundido por sus familiares, aproximadamente diez agentes vestidos de civil lo interceptaron después de entrenar. El detenido denunció que los participantes no se identificaron y emplearon una fuerza desproporcionada durante el operativo y el traslado. Estas acusaciones deben mantenerse atribuidas a su testimonio, pues no se dispone aquí de una investigación oficial que esclarezca lo ocurrido.
La revisión judicial más reciente descrita por Cubalex tuvo lugar el 16 de septiembre ante la Sala de Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial Popular de La Habana. El tribunal confirmó la prisión provisional sin celebrar la audiencia solicitada por la defensa, de acuerdo con la organización. Su reporte reproduce la expresión «pudiera existir» al referirse a material probatorio contra el acusado. Para Cubalex, esa formulación no explica suficientemente qué elementos sostienen la medida cautelar. Sin acceso íntegro al expediente, no resulta posible determinar de manera independiente todo el contenido de las actuaciones ni la totalidad de los argumentos judiciales.
La defensa pidió el control judicial de la prisión y solicitó que el acusado pudiera intervenir mediante una audiencia. Según el reporte, el abogado sostuvo que Martín Gutiérrez había expresado opiniones políticas y recordó el carácter excepcional del encarcelamiento preventivo. Cubalex también afirma que la Fiscalía reconoció que no tiene antecedentes penales, posee domicilio conocido y mantiene una conducta habitual en su comunidad. Pese a ello, se opuso a que cesara la medida y el tribunal mantuvo la privación de libertad. Esos antecedentes personales no resuelven por sí solos la solicitud, pero forman parte de los elementos que la organización considera insuficientemente valorados.
La controversia tiene como referencia la Ley número 143, del Proceso Penal, publicada en la Gaceta Oficial de Cuba. Cubalex invoca sus artículos 348 y 356 para cuestionar la necesidad y la fundamentación de la prisión provisional en este caso. La organización sostiene que la resolución no identifica riesgos concretos de fuga, obstrucción de la investigación o reiteración delictiva. También reprocha que no explique por qué resultarían insuficientes alternativas como la fianza, el arresto domiciliario o la obligación de comparecer periódicamente. La cuestión no consiste en anticipar una absolución o una condena, sino en conocer las razones individualizadas para mantener a alguien encarcelado mientras se investiga.
El cargo de desacato añade al proceso un debate sobre libertad de expresión y crítica a las autoridades. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece en su Declaración de Principios que «los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad». También advierte que las llamadas leyes de desacato «atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información». Ese criterio regional ayuda a comprender el cuestionamiento de Cubalex a una causa que vincula con protestas y transmisiones en redes sociales. Sin embargo, no equivale a una decisión internacional específica sobre Martín Gutiérrez ni sustituye el examen de las conductas concretas que se le atribuyen.
Cubalex solicita revocar la prisión provisional y cerrar el expediente penal, al considerar que el proceso castiga el ejercicio de derechos fundamentales. Esa petición expresa la posición de la organización y no una resolución judicial ya adoptada. En las fuentes consultadas no se localizó una respuesta pública específica del tribunal o la Fiscalía a sus cuestionamientos más recientes. La presunción de inocencia exige distinguir las imputaciones de los hechos probados, del mismo modo que una denuncia sobre irregularidades debe identificarse como tal. Mientras no se conozcan nuevos documentos o una decisión definitiva, la pregunta central sigue siendo qué fundamentos verificables sostienen la prisión y cómo podrá el acusado controvertirlos.