Raúl González Hernández, doctor en Ciencias e investigador reconocido por su trabajo en el desarrollo del antianémico Trofin, dirigió una fuerte crítica a las autoridades cubanas y reclamó cambios que incluyan a la ciudadanía. En un mensaje divulgado en Facebook, cuestionó los resultados de la dirección del país durante los últimos siete años y sostuvo que las decisiones sobre el futuro de Cuba no deben tomarse sin participación popular. “Comprendan que la oportunidad de ustedes se agotó, no prolonguen más el sufrimiento del pueblo”, expresó en uno de los pasajes centrales de la publicación reproducida por la cobertura consultada. Sus palabras representan una valoración personal sobre la gestión gubernamental, no una conclusión que pueda atribuirse automáticamente al conjunto de la población. Sin embargo, su intervención plantea una pregunta de interés público: ¿qué espacio tienen los ciudadanos, incluidos quienes dedicaron su vida a instituciones estatales, para cuestionar las decisiones del Gobierno y proponer alternativas?s que compensen el deterioro de las condiciones de vida. “Después de 7 años consecutivos de fracasos en la dirección del país, sin que puedan mostrar un solo resultado positivo”, escribió al introducir su cuestionamiento a la continuidad del modelo defendido por las autoridades. También señaló una contradicción entre el discurso socialista y la aplicación de medidas que calificó como capitalistas, mientras, según su apreciación, aumentan las diferencias económicas y sociales. Estas afirmaciones deben leerse como sus críticas políticas, pues la publicación no ofrece una evaluación estadística que permita verificar por sí sola cada acusación. El centro de su argumento es la distancia que percibe entre las promesas oficiales y la experiencia cotidiana de los cubanos, una discusión que invita a preguntar cómo se evalúan los resultados de quienes gobiernan y qué responsabilidades deben asumir cuando las soluciones no llegan.
González Hernández también rechazó que el bloqueo o embargo estadounidense se utilice para justificar una gestión que considera ineficiente. Según el contenido reproducido de su mensaje, acusó a las autoridades de recurrir a explicaciones externas mientras persisten problemas que atribuye a decisiones internas y a la falta de responsabilidad política. En otro pasaje afirmó que los dirigentes “engañan, mienten, justifican y, si es necesario, reprimen para mantenerse en el poder”, una acusación grave que corresponde presentar como declaración del investigador y no como un hecho demostrado por esta publicación. Su planteamiento cuestiona el uso de las sanciones como explicación de la situación nacional, pero no constituye un estudio sobre sus efectos económicos ni permite descartarlos. La conversación que propone puede formularse sin asumir una respuesta: ¿cómo distinguir las consecuencias de las restricciones estadounidenses de los problemas derivados de la administración interna y qué información permitiría evaluar ambas responsabilidades?
La trayectoria científica de González Hernández aporta contexto a su intervención, aunque no convierte sus opiniones políticas en conclusiones científicas. Los antecedentes consultados lo identifican como doctor en Ciencias, investigador titular y fundador y responsable del Laboratorio de Antianémicos del Centro Nacional de Biopreparados, con más de 45 años dedicados a esa línea de trabajo. Por su parte, BioCen confirma en su sitio institucional que desarrolló Trofin y describe su uso frente a estados de carencia de hierro y anemia, entre otras condiciones. “Las investigaciones destinadas a solucionar los problemas de anemia han estado encaminadas a la búsqueda de un fármaco que restituya los niveles normales de hemoglobina”, explica la institución en su presentación del producto. El medicamento también aparece en la documentación del Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos, lo que permite contrastar su existencia y respaldo institucional; esas fuentes oficiales, sin embargo, no verifican el contenido de la crítica política del investigador.
El cierre de su mensaje va más allá del rechazo a la gestión actual y sitúa la participación ciudadana como condición para cualquier transformación. “No retrasen más los cambios necesarios inevitables en la sociedad cubana que deben estar acordes con el momento histórico que vivimos”, reclamó, antes de añadir que eso “solo será posible con la participación de todo el pueblo y no a espaldas de él”. La publicación reproducida no presenta un programa detallado de reformas, un calendario ni mecanismos concretos para organizar esa participación. Tampoco se identificó en las fuentes consultadas una respuesta oficial específica a sus declaraciones, por lo que no sería correcto atribuir a las autoridades una reacción no documentada. Su intervención deja abierta una discusión sobre representación y responsabilidad: ¿quién debe decidir los cambios que necesita Cuba y cómo garantizar que las personas afectadas por esas decisiones tengan una voz efectiva?