La central electronuclear de Juraguá, en la provincia de Cienfuegos, fue el proyecto tecnológico más ambicioso de la industria energética cubana durante la década de 1980. Su diseño contemplaba dos reactores soviéticos VVER-440, con una potencia prevista de 440 megavatios cada uno. De haber entrado en funcionamiento, la planta habría aportado cerca de 880 MW de generación de base al Sistema Eléctrico Nacional, una capacidad relevante para un país dependiente de termoeléctricas alimentadas con crudo y derivados importados.
El valor de Juraguá no habría sido únicamente cuantitativo. Una central nuclear está diseñada para operar de forma continua, con altos factores de disponibilidad, a diferencia de tecnologías condicionadas por el sol, el viento o la llegada diaria de combustible. Para Cuba, esto habría significado una fuente eléctrica predecible destinada a sostener la carga base: hospitales, bombeo de agua, industria, redes ferroviarias, telecomunicaciones y consumo residencial. La planta no habría eliminado la necesidad de otras fuentes, pero habría permitido reservar combustibles fósiles para la generación de respaldo, el transporte y procesos industriales.
El programa también incluía una dimensión científica e industrial. La construcción movilizó especialistas cubanos formados en ingeniería nuclear, física, radioprotección, soldadura especializada, control de calidad y operación de sistemas complejos. Junto a la planta se desarrolló la Ciudad Nuclear de Juraguá, concebida para albergar a trabajadores, técnicos y sus familias. La obra pudo haber convertido a Cienfuegos en un polo nacional de conocimiento energético, con capacidad para formar personal y mantener tecnologías de alta exigencia.
La tecnología seleccionada era soviética y dependía de una cadena exterior para equipos, combustible nuclear, mantenimiento, repuestos y asistencia técnica. El modelo VVER-440 era distinto de los reactores RBMK asociados a Chernóbil, pero el accidente de 1986 transformó el clima político y social alrededor de cualquier programa nuclear. Después de Chernóbil crecieron las exigencias de seguridad, los cuestionamientos internacionales y la preocupación sobre la supervisión técnica de instalaciones nucleares en países con recursos limitados.
Sin embargo, el golpe decisivo fue económico y geopolítico. La Unión Soviética aportaba el financiamiento, la tecnología, los materiales y el conocimiento operativo. Su desintegración privó a Juraguá de ese sostén en el momento en que Cuba atravesaba el derrumbe de sus principales vínculos comerciales y energéticos. Sin crédito, sin proveedor estable y sin condiciones financieras para completar la obra, mantener el proyecto se volvió inviable. La planta quedó detenida a inicios de los años noventa y la cooperación nuclear con Rusia fue formalmente cancelada después.
La terminación de Juraguá también respondió a un problema de escala. Una central nuclear exige décadas de inversión sostenida, una autoridad reguladora fuerte, protocolos de seguridad independientes, gestión de residuos, protección física, redes eléctricas confiables y recursos para desmantelamiento futuro. Cuba podía formar capital humano para parte de esas tareas, pero dependía de un socio externo para los elementos más costosos y críticos. La soberanía energética prometida por la obra estaba condicionada, paradójicamente, a una dependencia tecnológica soviética profunda.
Hoy Juraguá permite imaginar un escenario alternativo: una generación nuclear estable habría reducido la exposición del sistema eléctrico cubano a los déficits de combustible y a fallos de unidades termoeléctricas antiguas. Pero no habría resuelto por sí sola la vulnerabilidad estructural del sector, ni sustituido la necesidad de mantenimiento, modernización de redes, eficiencia energética y diversificación renovable. La pregunta tecnológica sigue vigente: ¿puede Cuba construir seguridad energética con proyectos de gran escala sin asegurar antes financiamiento estable, capacidades regulatorias y transparencia sobre sus costos?