Miguel Díaz-Canel anunció la próxima salida al aire de Criterio Compartido, un programa de Radio Rebelde que el Gobierno presenta como un canal de diálogo directo con la población. La propuesta contará con la periodista Bárbara Betancourt Abreu y se emitirá a partir de la próxima semana, según confirmó el diario oficial Granma. La intención declarada es discutir problemas, inquietudes y aspiraciones ciudadanas, incorporar estudios de opinión y promover una forma de rendición de cuentas desde los medios estatales.
El anuncio llega en una Cuba atravesada por apagones, inflación, deterioro del transporte, escasez de bienes esenciales y una emigración que continúa separando familias. En ese contexto, la promesa de “escuchar al pueblo” tiene un peso mayor que el de un formato radial convencional. Para una madre que ajusta el presupuesto al precio diario de los alimentos, un trabajador estatal con ingresos insuficientes o un joven que proyecta emigrar, el valor del programa no estará en su sintonía ni en sus frases de apertura. Estará en la posibilidad de obtener respuestas concretas, fechas, responsables y mecanismos para exigir cumplimiento.
La presentación oficial describe Criterio Compartido como un espacio “participativo y transparente”, con protagonistas reales y capacidad de ejercer control ciudadano. También plantea un puente entre el presidente y la ciudadanía, una formulación que responde a una demanda repetida en redes: mayor acceso de la población a quienes toman decisiones. En las reacciones recogidas tras el anuncio, algunas personas recibieron la iniciativa como una oportunidad útil; otras plantearon la necesidad de llamadas en vivo, participación sin filtros y explicaciones públicas sobre asuntos urgentes.
Ahí aparece la principal contradicción. El sistema mediático cubano posee una infraestructura nacional extensa, pero funciona bajo predominio estatal y con escaso margen para el pluralismo editorial. Un diálogo auténtico no puede limitarse a testimonios seleccionados, experiencias inspiradoras o preguntas previamente procesadas. Necesita admitir críticas incómodas, escuchar a personas afectadas por decisiones públicas y permitir que las instituciones respondan ante problemas que no se resuelven con optimismo. Hablar de apagones, inflación, salarios o falta de medicamentos exige más que narrar dificultades: requiere transparentar datos, presupuestos, prioridades y límites de gestión.
La radio puede ofrecer una ventaja frente a otras plataformas: llega a personas con conexión inestable, pocos datos móviles o sin acceso cotidiano a redes sociales. Esa capacidad resulta relevante en un país donde la brecha tecnológica condiciona quién puede expresarse públicamente. Pero también impone una responsabilidad. Si el programa aspira a ser nacional, debe incorporar voces de provincias, comunidades rurales, barrios periféricos, trabajadores informales, jubilados, estudiantes y familias con migrantes. Sin esa diversidad, el “criterio compartido” corre el riesgo de convertirse en una conversación entre instituciones sobre una ciudadanía ausente.
El nuevo espacio utilizará como cortina musical una versión de Canto Arena, de Silvio Rodríguez, interpretada por Miguel y Jenny, integrantes del grupo De Cuba e hijos del mandatario. El detalle personaliza el proyecto, pero también puede distraer de la cuestión esencial: si el discurso sobre cercanía se convertirá en un derecho efectivo de acceso a la información y participación pública. La ciudadanía no necesita únicamente una voz presidencial más frecuente; necesita instituciones capaces de responder y rectificar cuando las políticas fallan.
Criterio Compartido será útil si permite preguntas directas, publica compromisos comprobables y muestra qué ocurre después de cada emisión. De lo contrario, añadirá otra capa comunicacional a problemas que ya demandan decisiones materiales. ¿Podrán intervenir ciudadanos con críticas reales sin temor a consecuencias? ¿Habrá respuestas públicas cuando las autoridades no tengan soluciones inmediatas o deban reconocer errores?