En plena crisis energética, con apagones que dejan a gran parte del país a oscuras durante horas, la administración de Donald Trump hizo una propuesta concreta: Estados Unidos está dispuesto a enviar combustible y asistencia humanitaria a Cuba, pero solo si el gobierno acepta privatizar, total o parcialmente, su sector energético.
Un portavoz del Departamento de Estado confirmó a Martí Noticias que “la Administración Trump ha ofrecido al régimen opciones claras para recibir asistencia humanitaria, distribuida mediante canales apropiados, y combustible si privatiza la industria energética”. Según el mismo funcionario, La Habana “sigue priorizando el control estatal” y, por ahora, ha rechazado la condición.
La oferta no es un acuerdo firmado ni un envío inmediato. No se han divulgado cantidades de combustible, plazos ni el grado exacto de apertura que exigiría Washington: si bastaría con permitir participación privada en generación, distribución e importación, o si se busca una privatización más amplia del sistema.
Mientras circula la noticia de la oferta estadounidense, el discurso oficial cubano pone el acento en otros temas. El presidente Miguel Díaz-Canel ha señalado como “enorme prioridad” la preparación de los cubanos para la defensa, en un contexto de tensión regional y guerra en curso.
Por otra parte, fuentes oficiales y declaraciones previas de la embajadora cubana en Washington, Lianys Torres Rivera, habían afirmado que el diálogo bilateral está “completamente estancado”, salvo contactos técnicos en materia migratoria. El Departamento de Estado rechazó esa versión y aseguró que “las conversaciones continúan”, aunque sin precisar quiénes participan ni cuándo fue el último contacto.
En paralelo, medios estatales como Cubadebate destacan “avances de la transición energética” en provincias como Guantánamo y publican pronósticos de la Unión Eléctrica que reconocen déficits de más de 2.200 MW en el horario pico, con una disponibilidad del sistema de apenas 1.000 MW frente a una demanda superior a 3.200 MW.
En redes sociales y medios independientes, la oferta de Trump se lee como un nuevo capítulo de la presión máxima: más sanciones a energía, finanzas y minería, amenazas a terceros países que vendan petróleo a Cuba y, ahora, una “ayuda” atada a reformas estructurales.telesurtv+2
Para muchos usuarios, la propuesta suena a ultimátum en medio de un “genocidio silencioso”, como lo han calificado algunos medios y activistas al referirse al impacto de las sanciones sobre la población. En Facebook, X e Instagram circulan denuncias sobre apagones, colas, hospitales sin combustible para ambulancias y protestas en barrios habaneros por la crisis de servicios.telesurtv+3
Al mismo tiempo, hay quien recuerda que, pese al bloqueo, las exportaciones de combustible estadounidense al sector privado cubano ya alcanzan cifras cercanas a los 96 millones de dólares, lo que muestra grietas en el cerco y un mercado que funciona de facto al margen del Estado.
Más allá del duelo diplomático, el impacto se mide en la vida cotidiana. Con apagones prolongados, familias dependen de ventiladores recargables, triciclos solares chinos y pequeñas soluciones DIY que se viralizan como estrategias de supervivencia.
El combustible escasea para transporte público, refrigeración de alimentos, producción agrícola y servicios básicos. El precio del diésel en EE.UU. ha tocado máximos históricos, lo que encarece cualquier importación y traslada presión inflacionaria a productos básicos en la Isla.
Para jóvenes, trabajadores estatales y pequeños empresarios, la ecuación es sencilla: sin energía estable, no hay producción, no hay ingresos y la migración sigue siendo la válvula de escape. La propuesta de Trump, en este contexto, no se discute solo en términos ideológicos, sino como una posible salida a corto plazo frente a un colapso que ya tiene rostro de emergencia humanitaria.
La oferta estadounidense pone sobre la mesa una pregunta incómoda para el gobierno cubano: ¿hasta dónde está dispuesto a ceder control estatal para aliviar una crisis que amenaza con desbordarse? Para Washington, la privatización del sector energético es una palanca para “forzar cambios estructurales” y expandir el sector privado.
Para La Habana, aceptar esa condición podría interpretarse como una entrega de uno de los sectores estratégicos del país, en un momento en que el discurso oficial insiste en la soberanía y la resistencia frente al “bloqueo”. Pero la soberanía también se mide en capacidad de garantizar luz, agua y transporte a la población.
Mientras no haya un acuerdo, la población sigue pagando el costo: más apagones, más incertidumbre y más razones para preguntar si el modelo actual puede sostenerse sin reformas profundas, y si una apertura condicionada por EE.UU. es realmente una ayuda o una nueva forma de dominio.
¿Es posible una solución energética que no pase ni por el colapso interno ni por la entrega del sector a intereses extranjeros? ¿Qué tipo de reformas, si las hay, podrían aliviar la crisis sin convertir el combustible en una nueva moneda de cambio geopolítico?