¿Cuba se abre o solo ajusta las reglas? Nuevos decretos flexibilizan inversión y tierras en plena crisis.

El Gobierno cubano puso en vigor este 3 de septiembre dos decretos que amplían las condiciones para la inversión extranjera y el uso de tierras estatales, en medio de una crisis económica que se extiende desde hace seis años. El Decreto-Ley 128 modifica la Ley 118 de Inversión Extranjera de 2014 y permite a compañías foráneas contratar personal de forma directa, sin pasar por las agencias empleadoras del Estado, además de abrir cuentas bancarias en el exterior sin autorización previa del Banco Central. El Decreto-Ley 130, por su parte, extiende el usufructo de tierras estatales a personas jurídicas hasta por 99 años, con posibilidad de prórroga. Ambas normas fueron firmadas el 28 de julio por Juan Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, y publicadas en la Gaceta Oficial No. 73. ¿Estas reglas bastarán para atraer capital en un contexto de sanciones y escasez de combustible?

El viceprimer ministro y titular de Comercio Exterior, Óscar Pérez-Oliva, presentó las medidas en rueda de prensa y admitió que su impacto a corto plazo “podría” producirse, aunque reconoció que no es posible “calcularlo” por el “componente de presión externa que no podemos desconocer”. Esa referencia apunta a las sanciones estadounidenses, que incluyen restricciones a las exportaciones de combustible hacia la isla y otras medidas anunciadas en enero mediante una orden ejecutiva. Las reformas forman parte de un paquete de 176 medidas aprobado por el Parlamento el 18 de junio, una apertura económica que el régimen ha anunciado de forma intermitente desde el Período Especial de los años noventa. El Gobierno insiste en que los cambios no equivalen a una privatización masiva ni a la instauración de un “capitalismo depredador”. La pregunta que queda abierta es si los inversionistas verán estas normas como una señal de estabilidad o como un ajuste temporal condicionado por la política exterior.

El presidente Miguel Díaz-Canel defendió el 30 de julio ante la Asamblea Nacional que las transformaciones no significan una apertura al capitalismo. “No vamos a instaurar un capitalismo depredador ni una privatización masiva del patrimonio nacional […] Nada más alejado del sentido de las transformaciones”, aseguró, y descartó privatizar la salud, la educación o los “servicios estratégicos” del país. El régimen sostiene que en la isla operan más de 15.000 pequeñas y medianas empresas privadas, una cifra difundida en julio junto al anuncio de la apertura de gasolineras y farmacias al capital privado. Sin embargo, los registros de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) contabilizaban 9.550 mipymes en marzo, casi 40% menos. Según su Encuesta Nacional de Ocupación, el sector no estatal emplea al 31,5% de los 4,14 millones de ocupados del país. La brecha entre las cifras oficiales y los registros estadísticos alimenta el debate sobre el tamaño real del sector privado.

El Decreto-Ley 130 detalla que el usufructo podrá concederse “a título gratuito u oneroso” y prorrogarse por otros 99 años si el titular lo solicita con dos años de antelación al vencimiento. También autoriza el derecho de superficie, mediante el cual el Estado puede entregar terrenos a perpetuidad a cambio de un pago, y permite que propietarios de solares yermos los cedan para levantar viviendas u otras construcciones. Esta figura busca aprovechar terrenos subutilizados y facilitar proyectos de inversión que requieran suelo, desde actividades agropecuarias hasta iniciativas turísticas. Al mismo tiempo, la norma mantiene la propiedad estatal sobre la tierra y establece condiciones para su uso, renovación y eventual reversión. ¿Será suficiente un plazo de hasta 99 años para convencer a inversionistas que evalúan riesgos políticos y económicos a largo plazo?

En turismo, el Decreto-Ley 128 habilita al sector privado a crear agencias de viajes de cualquier tamaño y reduce al 25% el impuesto sobre utilidades de proyectos de ecoturismo en zonas de conservación, además de eliminar aranceles para importar equipamiento destinado a esa actividad. El director jurídico del Ministerio de Turismo, Juan José Álvarez, señaló que regiones como Viñales, Trinidad o la Ciénaga de Zapata reúnen ahora “un grupo de elementos” que amplían esa modalidad, promovida desde hace décadas sin un marco legal específico. Estas medidas buscan dinamizar un sector que ha sufrido caídas fuertes en los últimos años, en parte por la escasez de combustible y las restricciones a la aviación. El Gobierno también espera que la participación de empresas privadas complemente la oferta estatal y atraiga visitantes con nuevos servicios. La clave será si la reducción de impuestos y la flexibilización normativa logran traducirse en más llegadas y mayor gasto por turista.

La Gaceta Oficial No. 73 que recoge estas normas incluye además resoluciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del Banco Central sobre su aplicación. El régimen prevé publicar en las próximas semanas el resto de las normativas del paquete de 176 medidas, entre ellas las referidas al sistema bancario y al mercado cambiario, dos de los frentes más sensibles de la reforma en curso. Estos aspectos son centrales porque afectan la capacidad de las empresas para operar con divisas, pagar insumos importados y gestionar salarios en un entorno con múltiples tasas de cambio. La publicación escalonada de las reglas genera incertidumbre en empresarios que esperan conocer el marco completo antes de tomar decisiones de inversión. ¿Podrá el Gobierno comunicar un conjunto coherente de normas que reduzca la percepción de riesgo y facilite la planificación?

Las reformas llegan en un momento en que la economía cubana enfrenta una de sus peores etapas recientes, con apagones prolongados, escasez de alimentos y medicinas, y una fuerte contracción del turismo. En enero, Washington impuso mediante una orden ejecutiva un bloqueo a las exportaciones de combustible hacia la isla, al que se sumaron sanciones adicionales para forzar cambios políticos. El viceprimer ministro Óscar Pérez-Oliva reconoció que ese “componente de presión externa” dificulta calcular el impacto de las nuevas reglas. Mientras el régimen insiste en que no hay privatización de servicios estratégicos, los decretos amplían de forma significativa el espacio para la gestión privada y la inversión foránea. La tensión entre el discurso oficial y la práctica económica deja una pregunta inevitable: ¿hasta dónde puede llegar una apertura controlada cuando la crisis exige resultados rápidos y visibles para la población?