Un video y varias publicaciones en redes sociales denunciaron este miércoles el desalojo de tres madres con sus hijos de un inmueble estatal que ocupaban en la calle Máximo Gómez, a una cuadra del Hospital Provincial de Ciego de Ávila. Según los testimonios difundidos, en el procedimiento intervinieron agentes de la Policía Nacional Revolucionaria y las mujeres fueron obligadas a abandonar el espacio que utilizaban como refugio. La versión divulgada sostiene que el local pertenecía a la Delegación Municipal de Agricultura, aunque no se han publicado, hasta ahora, documentos oficiales que aclaren su estatus, la orden administrativa o judicial invocada, ni el destino habitacional ofrecido a las familias.
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La falta de información institucional vuelve especialmente delicado el caso. Las publicaciones de medios y activistas independientes describen un operativo policial y cuestionan que madres con menores fueran desalojadas sin que se conozca una alternativa de vivienda. El relato requiere investigación y contraste: las imágenes difundidas permiten identificar el carácter coercitivo del procedimiento, pero no sustituyen una explicación completa de las autoridades. La Dirección Municipal de la Vivienda, el Gobierno Provincial y la Policía deberían precisar si el inmueble estaba declarado inhabitable, qué riesgo alegaron, si existió notificación previa y, sobre todo, si las mujeres y los niños recibieron alojamiento temporal o una solución permanente.
No es un incidente aislado de la crisis más amplia. El propio Estado reconoce que Cuba arrastra un déficit habitacional superior a 900.000 viviendas, mientras alrededor del 35% de un parque estimado en 4,1 millones de unidades está clasificado en estado regular o malo. A esa carencia se suman derrumbes, falta de materiales, viviendas compartidas por varias generaciones y familias que permanecen durante años en albergues o inmuebles improvisados. En ese contexto, la ocupación de edificios estatales abandonados o subutilizados no debe leerse únicamente como una infracción administrativa: suele ser una estrategia de supervivencia de quienes no han encontrado otra vía para garantizar techo a sus hijos.
Ciego de Ávila ilustra esa contradicción. Mientras la provincia impulsa un proyecto para transformar 155 contenedores marítimos en viviendas modulares —una iniciativa presentada como respuesta innovadora a la demanda habitacional—, apenas seis de esas unidades estaban terminadas en junio y otras permanecían en ejecución. La escala del programa es pequeña frente a la necesidad acumulada. Convertir contenedores puede aliviar casos puntuales, pero no reemplaza una política de construcción masiva, mantenimiento urbano, distribución transparente de materiales y prioridad efectiva para familias vulnerables, especialmente hogares monoparentales encabezados por mujeres.
El desalojo produce impactos que no aparecen en una orden de restitución. Para las madres, perder el sitio donde dormían sus hijos significa volver a depender de parientes, hacinarse, pagar alquileres imposibles o aceptar soluciones temporales lejos de escuelas, trabajos y redes de cuidado. Para los menores, implica interrupción de rutinas, inseguridad emocional y, en ocasiones, desplazamiento de su comunidad. El costo tampoco se distribuye igual: una familia con remesas, conexiones institucionales o recursos en divisas puede alquilar o reparar; una mujer con salario estatal, empleo informal o personas dependientes queda expuesta a una vulnerabilidad mucho mayor.
La nueva Ley de Vivienda, aprobada en julio, promete reforzar la responsabilidad estatal, ampliar mecanismos de gestión y proteger a las personas en situación de vulnerabilidad mediante subsidios y otros beneficios. Esa promesa se mide precisamente en casos como este. La ley no debería funcionar solo para ordenar propiedades o sancionar ocupaciones, sino para impedir que niños terminen en la calle porque la administración no produjo respuestas habitacionales suficientes. El derecho a la vivienda exige soluciones previas, diálogo y garantías, no solamente presencia policial cuando el problema ya estalló.
El silencio institucional deja a las familias expuestas y al resto de la ciudadanía obligado a reconstruir los hechos desde videos fragmentarios. Si las madres ocuparon un local público sin autorización, las autoridades pueden tener razones legales para intervenir; pero esas razones no anulan el deber de proteger a los menores ni de ofrecer alternativas reales. ¿Qué solución concreta recibieron las tres familias tras el desalojo? ¿Responderán el Gobierno avileño y las instituciones de vivienda con datos, acompañamiento y un compromiso verificable, o la crisis seguirá administrándose caso por caso con la policía como última respuesta?