Miguel Díaz-Canel presentó la actual crisis cubana como el resultado de una “guerra multidimensional” de Estados Unidos y afirmó que el país “está en pie y no se rinde”. En una entrevista con Folha de S.Paulo, el mandatario sostuvo que las sanciones secundarias y las restricciones energéticas han dejado a la Isla sin combustible suficiente, con apagones, falta de agua, transporte deteriorado y una vida cotidiana sometida a privaciones extremas. También aseguró que el diálogo con Washington permanece estancado y que Cuba no aceptará negociaciones bajo condiciones impuestas.
La denuncia sobre el impacto de las sanciones tiene una base concreta. El propio medio oficial Cubadebate reconoce que los cortes eléctricos afectan el abasto de agua, la cocción de alimentos, la conservación de productos, el transporte y el trabajo; en algunos territorios, asegura, el servicio llega apenas unas horas al día. Estados Unidos endureció en 2026 la presión sobre los suministros energéticos y las operaciones de terceros países vinculadas con Cuba. Pero responsabilizar exclusivamente a Washington deja sin respuesta una parte esencial del problema: la fragilidad del sistema electroenergético, la falta de inversión y mantenimiento, la baja productividad y una gestión estatal que durante años no ha rendido cuentas suficientes sobre sus prioridades ni sobre el uso de recursos escasos.
La entrevista adquiere relevancia porque Díaz-Canel niega estar impulsando un giro capitalista, justo cuando el Parlamento ha aprobado 176 medidas que amplían como nunca antes el espacio para empresas privadas, inversión extranjera y capital de cubanos residentes fuera de la Isla. Entre los cambios anunciados se incluyen la posibilidad de que empresarios privados tengan más de dos negocios y más de cien trabajadores, la negociación de acciones, nuevas opciones de banca y casas de cambio privadas, y el usufructo de tierras por empresas extranjeras hasta por 99 años. La contradicción no está necesariamente en permitir estos mecanismos, sino en presentarlos como simples ajustes sin reconocer que redistribuyen poder económico y abren nuevas desigualdades.
El Gobierno argumenta que la propiedad privada y la inversión extranjera deben contribuir a generar riqueza para sostener un proyecto socialista. Es una discusión legítima: ningún país puede distribuir de manera estable lo que no produce. Sin embargo, el punto decisivo es quién decide, quién regula y quién se beneficia. Mientras trabajadores estatales sobreviven con salarios insuficientes y familias dependen de remesas, se amplían negocios que acceden a divisas, importaciones y redes comerciales inaccesibles para la mayoría. La igualdad no se garantiza porque el Estado la invoque; requiere salarios reales, protección laboral, acceso transparente al crédito y reglas públicas que no favorezcan a quienes ya tienen conexiones o capital.
Los medios independientes y la discusión en redes han recibido el paquete con escepticismo. La Cepal proyecta una contracción de 10,3% para la economía cubana en 2026, y 14ymedio advierte que los apagones de más de 20 horas, averías persistentes y escasez de combustible forman un círculo que frena la producción, reduce ingresos de divisas y limita la capacidad de reparar el sistema. En ese escenario, las reformas pueden ser necesarias, pero no bastan si conviven con controles de precios cambiantes, multas a pequeños negocios, burocracia, inseguridad jurídica y falta de participación ciudadana. No hay recuperación sostenible si un emprendedor teme invertir y un trabajador no puede planificar su semana por un apagón.
La frase “no hay reformas capitalistas” busca proteger una identidad política, pero no resuelve lo que vive la población. Jóvenes con formación técnica emigran; jubilados ajustan cada compra; trabajadores estatales buscan ingresos informales; madres y cuidadores reorganizan la vida según los horarios de electricidad y agua. El país se mueve entre la necesidad de abrir espacios económicos y el temor oficial a ceder control. Esa tensión puede terminar produciendo un mercado más amplio, pero también más desigual, si no existen instituciones autónomas, sindicatos con capacidad real de negociación y datos públicos sobre los resultados de las medidas.
La cuestión no es escoger entre el embargo y los errores internos como si uno anulara al otro. La presión externa agrava una crisis real y castiga sobre todo a hogares sin poder. Pero una política social de izquierda no puede pedir resistencia indefinida sin ampliar derechos, transparencia y capacidad de decisión de la ciudadanía. ¿Podrá el Gobierno convertir las reformas en bienestar verificable y no en privilegios para pocos? ¿Cuánto tiempo puede sostenerse un proyecto que llama a resistir mientras la vida diaria obliga a tantos a irse?
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