Roberto Pérez Fonseca, condenado a diez años de cárcel tras participar en las protestas del 11 de julio de 2021, presenta fiebre alta, decaimiento y dificultades respiratorias en la prisión de Quivicán, Mayabeque, según una denuncia hecha pública por su hermano, Alberto Fonseca. La familia teme que el cuadro sea compatible con neumonía y advierte que otros reclusos estarían enfermos, una situación que plantea dudas sobre la existencia de un virus o brote infeccioso dentro del penal.
La información disponible procede del entorno familiar y de organizaciones que siguen el caso; no existe hasta ahora una confirmación médica independiente ni un parte de las autoridades penitenciarias o del Ministerio de Salud Pública. Esa ausencia obliga a evitar diagnósticos concluyentes, pero no disminuye la urgencia. Fiebre persistente, debilidad y síntomas respiratorios requieren valoración clínica inmediata, seguimiento y, si las condiciones de la cárcel no permiten una atención adecuada, traslado a una institución hospitalaria con medios para descartar o tratar una infección pulmonar.
Pérez Fonseca cumple condena por desacato, atentado, desorden público e instigación a delinquir, cargos vinculados a su participación en las manifestaciones de San José de las Lajas. Su caso ganó notoriedad porque rompió públicamente una fotografía de Fidel Castro durante aquellas protestas. En 2024, Amnistía Internacional lo declaró preso de conciencia junto con otros tres cubanos, al considerar que su encarcelamiento respondía al ejercicio pacífico de derechos fundamentales. El Estado cubano sostiene una lectura distinta de los hechos del 11J, pero ninguna discrepancia política suspende el derecho a la salud, la información médica y la integridad física de una persona bajo custodia estatal.
La preocupación se agrava por los antecedentes de salud atribuidos a Pérez Fonseca. Sus familiares han denunciado que padece úlceras bulbo-duodenales, esofagitis aguda y duodenitis eritematosa y congestiva. También afirman que arrastra problemas pulmonares que se habrían agravado tras períodos en celdas de castigo. Estos datos no sustituyen una historia clínica verificable, pero hacen aún más necesario que las autoridades comuniquen qué evaluación se le realizó, qué tratamiento recibe y si cuenta con condiciones de higiene, alimentación y descanso compatibles con su estado.
En prisiones cerradas, una infección respiratoria nunca afecta solo a una persona. El hacinamiento, la ventilación insuficiente, las demoras en la consulta, la desnutrición y la limitada disponibilidad de medicamentos pueden transformar enfermedades manejables en emergencias colectivas. Si hay varios reclusos con fiebre o tos, como denuncia la familia, la administración penitenciaria debería activar medidas de vigilancia epidemiológica, informar a familiares y garantizar acceso a pruebas, aislamiento clínico cuando corresponda y atención especializada. Ocultar o minimizar un posible brote no protege el orden: expone a internos, trabajadores y comunidades cercanas.
La situación de Pérez Fonseca revela una contradicción que trasciende su condición política. Un sistema que asume la custodia completa de una persona adquiere la responsabilidad directa de proteger su salud. No puede pedir confianza pública mientras familiares denuncian síntomas severos y carecen de información verificable. La medicina penitenciaria no debe funcionar como castigo adicional ni depender de afinidades ideológicas, recursos familiares o presión en redes.
La demanda inmediata es concreta: que Roberto Pérez Fonseca sea examinado por personal médico competente, que su familia reciba información clínica y que se determine con transparencia si requiere ingreso hospitalario. También corresponde investigar cualquier posible cuadro infeccioso en Quivicán sin represalias contra quienes lo reporten. ¿Confirmarán las autoridades su diagnóstico y tratamiento? ¿Permitirán una verificación médica independiente que garantice que su salud no depende del silencio institucional?