Yasmany Moreno de Armas, un cubano de 31 años que vivía y trabajaba en Florida, denunció que permanece en Bangui, capital de República Centroafricana, junto a decenas de deportados de distintas nacionalidades sin documentos para salir ni medios claros para rehacer su vida. En una videollamada con CBS News, mostró el edificio donde dice estar alojado desde finales de julio y afirmó que supo que sería enviado a África únicamente cuando el avión ya se aproximaba al aterrizaje.
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El caso no es una deportación directa a Cuba. Forma parte de la política estadounidense de traslados a “terceros países”, aplicada a migrantes cuyos Estados de origen no aceptan o limitan las repatriaciones. Según reportes periodísticos, Washington firmó en mayo un acuerdo con República Centroafricana que incluye un pago de 85 millones de dólares. La dimensión financiera del convenio vuelve ineludible una pregunta: ¿qué garantías de protección, movilidad y debido proceso recibieron las personas enviadas a un país con el que no tienen vínculos familiares, idioma compartido ni redes de apoyo?
Moreno de Armas sostiene que no tiene antecedentes penales, salvo infracciones de tránsito. CBS News informó que no encontró registros criminales suyos más allá de faltas migratorias y de tráfico. Llegó a Florida en 2016 bajo el entonces vigente esquema de “pies secos, pies mojados” y solicitó residencia permanente mediante la Ley de Ajuste Cubano, pero su petición fue rechazada tras vencer su parole. Fue arrestado por agentes de inmigración en mayo de 2025 y pasó aproximadamente un año detenido antes del traslado. Tener una situación migratoria irregular puede activar procedimientos de expulsión; no debería, sin embargo, significar quedar virtualmente atrapado en un país ajeno y expuesto a riesgos que no eligió.
El relato coincide con el de otras personas deportadas junto a él desde Ecuador, Honduras, Nepal, Rusia, Vietnam y países africanos. Los testimonios señalan que permanecen bajo vigilancia, sin identificación local y con libertad de movimiento severamente limitada. República Centroafricana atraviesa un prolongado conflicto armado, pobreza extrema e inestabilidad política; el Departamento de Estado estadounidense mantiene para ese país su máxima alerta de viaje, nivel 4, con la recomendación de no viajar por violencia, crimen y riesgo de secuestro. Enviar a migrantes a ese entorno sin información previa ni vías claras de protección choca con la responsabilidad estatal de evitar devoluciones que pongan en peligro la seguridad de una persona.
La administración de Donald Trump ha presentado los acuerdos con terceros países como instrumentos necesarios para ejecutar órdenes de expulsión y reducir la inmigración irregular. Pero el caso muestra una diferencia decisiva entre aplicar una norma migratoria y transferir a alguien a una forma de limbo legal. Si las personas no pueden salir, carecen de documentos, no dominan el idioma y no tienen acceso efectivo a abogados, empleo o refugio, la deportación puede convertirse de hecho en un confinamiento extraterritorial.
Para muchas familias cubanas, la historia añade una nueva capa de ansiedad a un proceso migratorio ya atravesado por separaciones, deudas y amenazas de deportación. La distancia no es solo geográfica: llamadas caras, diferencia horaria, barreras lingüísticas y la imposibilidad de visitar o enviar ayuda con facilidad aíslan aún más a quienes fueron enviados a Bangui. El argumento de “orden migratorio” pierde fuerza si no se acompaña de transparencia sobre los acuerdos, notificación previa, defensa legal y condiciones reales de acogida.
El testimonio de Moreno de Armas no determina por sí solo la legalidad de cada traslado ni sustituye una investigación judicial. Pero sí obliga a revisar una política cuyo resultado visible es dejar a migrantes sin patria práctica, sin documentos y sin una salida conocida. ¿Qué autoridad responde por su seguridad mientras permanezcan en República Centroafricana? ¿Tendrán acceso a representación legal y a un mecanismo real para apelar o abandonar el país?