El proceso federal contra el expiloto cubano Luis Raúl González-Pardo Rodríguez por el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate fue aplazado al menos hasta septiembre, después de que estuviera previsto para comenzar el 24 de agosto en Miami. El juez Darrin Gayles, de la Corte Federal del Distrito Sur de Florida, fijó una conferencia de estatus para el 2 de septiembre, en la que fiscalía y defensa deberán abordar la organización del caso. Ambas partes solicitaron más tiempo debido al volumen y la complejidad de las pruebas, que incluyen materiales clasificados, formatos audiovisuales antiguos, evidencia física de hace tres décadas y documentos que no habían sido digitalizados. El aplazamiento llega en un expediente que persigue esclarecer responsabilidades penales por una tragedia ocurrida hace más de 30 años.
González-Pardo, de 65 años, se declaró no culpable de conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses durante su primera comparecencia ante la jueza Enjoliqué Lett. Es el único detenido de los seis acusados en la imputación federal, que también incluye al expresidente cubano Raúl Castro y a cuatro exmilitares. La fiscalía sostiene que el expiloto condujo el caza MiG-29A identificado como “Código 22” durante la persecución de la aeronave de José Basulto, fundador de Hermanos al Rescate, la única que logró escapar. Aunque la acusación no le atribuye el lanzamiento de los misiles, los fiscales consideran que su presunta participación en la operación permite imputarle responsabilidad en una conspiración para matar.
El derribo ocurrió el 24 de febrero de 1996, cuando tres aeronaves civiles de Hermanos al Rescate partieron del sur de Florida hacia las cercanías de Cuba. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, aviones militares cubanos dispararon misiles aire-aire contra dos Cessna desarmadas que, de acuerdo con la acusación, se encontraban en espacio aéreo internacional y sin aviso previo. Murieron Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales; los tres primeros eran ciudadanos estadounidenses y Morales era residente permanente de Estados Unidos. La organización, radicada en Miami, realizaba vuelos para localizar y auxiliar a balseros cubanos en el Estrecho de Florida.
La acusación sustitutiva fue desclasificada el 20 de mayo de 2026 y contempla conspiración para matar estadounidenses, dos cargos por destrucción de aeronaves y cuatro cargos de asesinato. El FBI describió la medida como “un paso importante hacia la rendición de cuentas” por la muerte de los cuatro integrantes de Hermanos al Rescate. Las autoridades estadounidenses alegan además que, en las semanas anteriores, pilotos militares cubanos habrían realizado ejercicios para localizar e interceptar aeronaves civiles de baja velocidad. Si un tribunal declara culpables a los procesados, los cargos de asesinato y conspiración podrían acarrear pena de muerte o cadena perpetua, aunque cualquier sentencia dependería de la decisión judicial y del desarrollo del proceso.
El expiloto llegó a Estados Unidos en 2024 mediante el programa de parole humanitario y fue detenido en noviembre de 2025 por un caso migratorio separado. El Departamento de Justicia afirmó que omitió su pasado en las Fuerzas Aéreas de Cuba al presentar su solicitud de ajuste de estatus, y posteriormente recibió una condena de siete meses de cárcel por fraude migratorio. Mientras el caso principal avanza al intercambio de evidencias, sobrevivientes y familiares esperan respuestas sobre un ataque que marcó al exilio cubano. Silvia Iriondo, sobreviviente que viajaba en la avioneta de Basulto, planteó que “el hecho de no haber disparado no quiere decir que no es responsable de una conspiración”, una postura que resume la discusión central: ¿hasta dónde llega la responsabilidad de quienes participaron en una operación sin ser quienes ejecutaron el disparo?