Iraisel Pintueles volvió a situar el combustible en el centro del debate digital cubano. En un video publicado en Instagram, la creadora de contenido muestra cómo llegar a la empresa privada A Granel, realizar el pago y comprar gasolina o diésel en formatos de 20 y 200 litros. La mipyme ofrece, además, distribución mediante camiones cisterna y entregas a domicilio, una posibilidad que contrasta con las largas filas, los cupos y la incertidumbre que enfrentan quienes buscan abastecer un vehículo, una planta eléctrica o un pequeño negocio por las vías convencionales.
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No se trata de un servicio completamente nuevo. A Granel ya había sido promocionada por Pintueles a finales de junio, y su nueva campaña ha provocado críticas y comentarios de indignación en redes. El negocio afirma comercializar combustible importado, y una investigación previa de 14ymedio, citada por Cuballama, lo ubicó en una nave perteneciente a Cubalub, entidad integrada a la estructura de Cuba Petróleo (Cupet). Esa convivencia entre infraestructura estatal y comercio privado no demuestra por sí sola irregularidad, pero sí exige información pública: quién importa, bajo qué contratos, a qué precio, con qué autorización y qué parte de ese combustible llega al mercado general.
La polémica no debe recaer únicamente sobre una influencer que promociona un servicio comercial. El punto de fondo es que la energía se ha convertido en un marcador brutal de desigualdad. Tener gasolina disponible sin cola, poder comprarla en volúmenes altos o recibirla en casa no representa la misma experiencia que la de un trabajador que depende de un transporte público irregular, un campesino sin diésel para producir o una familia que pierde alimentos durante apagones prolongados. La oferta responde a una necesidad real, pero al estar orientada a quienes disponen de divisas, confirma que la capacidad de resolver la crisis depende cada vez más de la moneda que una persona posee y no de sus derechos como ciudadano.
La versión oficial ha explicado la crisis por la escasez de combustible, el deterioro del sistema electroenergético y las restricciones externas sobre el suministro petrolero. Cubadebate insiste en que el “bloqueo petrolero” de Estados Unidos ha afectado el saneamiento, la producción alimentaria y la vida cotidiana de la población. Es un factor que no debe borrarse del análisis. Pero tampoco basta para responder por qué, en medio de esa carencia nacional, algunos actores pueden comercializar diésel y gasolina importados —incluso con entrega a domicilio— mientras la mayoría no conoce con claridad las reglas de acceso ni puede pagar esos servicios.
La figura de Pintueles amplifica el malestar porque transforma un producto escaso en contenido aspiracional: una ruta desde el Malecón, un trámite “sin complicaciones” y un abastecimiento rápido. Esa estética publicitaria choca con la rutina de cientos de miles de personas que dedican horas a buscar movilidad, refrigeración o electricidad de respaldo. En los comentarios recogidos por medios independientes, la crítica se concentra menos en el hecho de que una empresa privada venda y más en la sensación de que existen dos mercados: uno dolarizado, ágil y visible; otro de escasez, turnos y trámites para quienes cobran en pesos.
También hay que reconocer la contradicción que enfrentan los pequeños negocios. Muchos necesitan combustible para mover mercancías, mantener servicios, transportar trabajadores o preservar alimentos; sin una vía de abastecimiento, su actividad se paraliza. El problema aparece cuando la solución empresarial a una emergencia se consolida sin reglas transparentes de competencia, control de precios y prioridad social. Si el combustible es estratégico, su distribución no puede quedar definida solo por el poder adquisitivo ni por la capacidad de pagar una entrega privada.
El video de Iraisel Pintueles no revela solo una mipyme ni una campaña de redes: retrata una economía donde el acceso a la energía se segmenta y se vuelve privilegio. La transparencia sobre importaciones, precios y vínculos con empresas estatales es indispensable para que la discusión no quede atrapada entre propaganda y rumores. ¿Quién fiscaliza el origen y la distribución de ese combustible? ¿Qué protección existe para quienes dependen del mercado en pesos y siguen pagando el costo mayor de la crisis energética?