Estados Unidos y Liberia acordaron un programa mediante el cual Monrovia aceptará hasta 1.200 personas deportadas desde territorio estadounidense durante los próximos 12 meses. El primer vuelo, previsto para el jueves 20 de agosto, llevaría a 20 pasajeros, aunque las autoridades no han informado sus nacionalidades. El ministro liberiano de Información, Jerolinmek Piah, declaró a Reuters que la mayoría procedería de América Latina y mencionó a ciudadanos de “Venezuela, Cuba, Colombia y otros países”. La precisión es importante: esas nacionalidades están contempladas en el acuerdo, pero no se ha confirmado que formen parte del primer grupo.
El pacto se enmarca en la política estadounidense de trasladar a determinados migrantes a países distintos de aquellos donde nacieron o tienen ciudadanía. Se trata de personas que, en algunos casos, cuentan con órdenes de protección emitidas por jueces de inmigración porque su retorno directo podría exponerlas a tortura, persecución u otros abusos. La información disponible indica que el convenio incluye ciudadanos de África, América del Norte, América del Sur y el Caribe, sin que Washington haya publicado el listado de pasajeros. ¿Puede una deportación considerarse una solución si la persona termina en un país con el que nunca tuvo vínculos? Esa es una de las preguntas que el acuerdo deja abiertas.
El Gobierno de Liberia sostiene que los deportados serán recibidos “como huéspedes” y no como presos. Según la explicación oficial, podrán salir del país si lo desean, solicitar asilo conforme a la legislación liberiana y recibir apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones y la agencia de la ONU para los refugiados. Piah afirmó que los trasladados “pueden irse del país cuando quieran”, mientras que el ministro de Justicia, Natu Oswald Tweh, señaló que muchos tendrían infracciones migratorias u otros antecedentes. Liberia también dijo que su participación tendría un carácter humanitario y que recibiría apoyo estadounidense para administrar el programa y fortalecer su sistema migratorio, aunque no exigió una compensación directa por aceptar a las personas.
La controversia aumenta porque el acuerdo no ha sido presentado con todos sus detalles públicos y porque organizaciones de derechos humanos cuestionan la seguridad de este tipo de traslados. Amnistía Internacional explica que las expulsiones a terceros países pueden afectar a personas que nunca han vivido allí, no hablan el idioma ni cuentan con redes de apoyo, además de dificultar el acceso a asistencia jurídica independiente. El principal riesgo señalado es el chain refoulement, o devolución en cadena: que Liberia envíe posteriormente a una persona a su país de origen, incluso si allí enfrenta peligro. ¿Qué mecanismos independientes comprobarán que cada caso sea evaluado antes de cualquier nueva deportación?
Washington defiende estos acuerdos como instrumentos legales para ejecutar órdenes de expulsión cuando el regreso directo no es posible, y Liberia asegura que no devolverá a nadie mientras tenga pendiente una solicitud de protección. Sin embargo, la falta de información sobre los primeros 20 pasajeros mantiene sin respuesta cuestiones centrales: quiénes son, qué protección legal poseen, qué condiciones encontrarán al llegar y cuánto tiempo permanecerán en el país. Reuters informó además que Estados Unidos otorgó este año 5 millones de dólares a Liberia para actividades de gestión migratoria, mientras el Gobierno liberiano habla de apoyo técnico y financiero dentro del programa. El caso vuelve a colocar en el centro del debate la tensión entre control migratorio, soberanía estatal y obligaciones internacionales de protección.