República Dominicana solicitó formalmente a la Embajada de Cuba la retirada de nueve integrantes de su misión diplomática y de sus familiares, una medida que les otorga siete días para abandonar el país. La decisión fue comunicada por la Cancillería dominicana, que informó haber notificado oficialmente a la representación cubana en Santo Domingo. Aunque el plazo señalado en los primeros reportes vencía el 16 de agosto, las autoridades no divulgaron los nombres ni los cargos de las personas afectadas. El hecho abre interrogantes sobre el alcance de la medida y sus consecuencias para una relación bilateral que, por ahora, no ha sido suspendida.
El Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano sostuvo que su actuación se fundamenta en las facultades que reconoce al Estado receptor el derecho internacional y la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Ese marco permite a un país pedir que integrantes de una misión diplomática sean retirados, sin necesidad de anunciar públicamente una acusación concreta. Santo Domingo dijo que continuará manejando el caso “con la debida discreción” y mediante los canales formales establecidos. La Cancillería insistió en que el objetivo es preservar los vínculos entre ambos países, por lo que no ha anunciado el cierre de la embajada cubana ni la ruptura de relaciones.
La medida afecta a nueve funcionarios cubanos acreditados en República Dominicana y también alcanza a sus familiares, por lo que el número total de personas que deberán salir podría superar las veinte. Sin embargo, el Gobierno dominicano no explicó qué hechos motivaron la solicitud ni si existe alguna investigación vinculada al caso. La falta de detalles impide establecer si se trata de un desacuerdo puntual, una decisión administrativa o una señal política de mayor alcance. Por el momento, tampoco se ha informado sobre una respuesta oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba.
Una solicitud de retiro de personal diplomático no equivale automáticamente a romper relaciones entre Estados. Las embajadas pueden continuar funcionando con un número menor de funcionarios y los canales consulares pueden mantenerse abiertos para atender trámites de ciudadanos, visados y otros asuntos bilaterales. El lenguaje empleado por la Cancillería dominicana apunta a que el caso se procesará por la vía diplomática, sin anuncios adicionales mientras continúen las gestiones. La pregunta será si ambas partes logran mantener la comunicación institucional o si la reducción de la misión se convierte en el inicio de un deterioro mayor.
El episodio ocurre meses después de que República Dominicana excluyera a Cuba, Nicaragua y Venezuela de la X Cumbre de las Américas realizada en el país, aunque Santo Domingo no ha relacionado públicamente ambos acontecimientos. En ese contexto, cualquier decisión sobre representación diplomática gana relevancia política, incluso cuando no se revelan sus razones. La prioridad ahora será observar si Cuba emite una respuesta, si se cumple el plazo de salida y si aparecen nuevas aclaraciones desde la Cancillería dominicana. ¿Se tratará de una medida limitada o de una señal de cambios más profundos en la relación entre Santo Domingo y La Habana?