En Ranchuelo, el agua que llega a muchos hogares contiene una alta concentración de sales y minerales. Frente a ese problema, dos emprendedores locales crearon Agua Purita, una planta de ósmosis inversa con capacidad declarada de entre 4.000 y 5.000 litros diarios. El proyecto extrae agua de tres pozos profundos, la desinfecta, la filtra y la somete a varios procesos hasta reducir sales, nitritos y otras impurezas. La noticia presenta el resultado como ejemplo de innovación comunitaria; también deja ver una pregunta incómoda: ¿por qué una población debe pagar por purificar un recurso que debería recibir con garantías desde el acueducto?
La ósmosis inversa es una tecnología efectiva para reducir sustancias disueltas y contaminantes cuando funciona bajo controles adecuados. Agua Purita asegura realizar mediciones diarias de cloro y pH, además de análisis físico-químicos provinciales cada dos meses. La ACN destaca el caso de tres pacientes en hemodiálisis que reciben el agua gratuitamente y que, según los promotores, han mejorado su condición. Es un gesto social valioso, pero conviene evitar convertir testimonios personales en prueba clínica: una mejoría médica requiere evaluación profesional, seguimiento y evidencia que el reportaje no proporciona.
El proyecto cobra 10 pesos por litro al resto de los clientes. Esa cifra parece pequeña si se compara con el agua embotellada importada o vendida en circuitos de divisas, pero pesa en hogares de bajos ingresos cuando se multiplica por el consumo diario de una familia. El costo tampoco incluye el tiempo de trasladarse, cargar los recipientes o conservarlos con higiene en medio de apagones y dificultades de transporte. Para una persona jubilada, una madre sola o un trabajador estatal, la posibilidad de beber agua más segura puede depender de una cuenta doméstica adicional.
La versión oficial enfatiza la creatividad de Reinaldo Andino González y Ernesto Yander Torres Matos, quienes importaron maquinaria desde México y contrataron personal especializado para instalarla. Hay mérito real en esa iniciativa. Pero celebrar la capacidad de un negocio local no debe ocultar la responsabilidad estatal sobre redes hidráulicas, tratamiento, monitoreo público y acceso universal. En 2023, reportes indicaron que cerca de 100.000 residentes de Villa Clara recibían agua mediante pipas, con Ranchuelo entre los municipios más afectados. La precariedad del abasto no apareció con este emprendimiento ni se resuelve solo con él.
La experiencia ilustra una transformación silenciosa en Cuba: ante servicios públicos deteriorados, comunidades y pequeños actores privados construyen soluciones parciales para sobrevivir. Ese movimiento puede aportar empleo, conocimiento y respuestas rápidas; sin regulación transparente, también corre el riesgo de dividir el acceso entre quienes pueden pagar y quienes deben conformarse con el suministro deficiente. El Estado habla del agua como un derecho humano y sostiene políticas de uso eficiente, pero una política de derechos se mide en el grifo de la casa, no únicamente en el discurso o en una planta que atiende una fracción de la demanda.
Agua Purita merece ser reconocida como una respuesta práctica a una necesidad urgente, no como sustituto del deber público. Que una pequeña planta cubra vacíos puede aliviar a muchas familias, pero no normaliza que la calidad del agua dependa del dinero disponible o de la cercanía a un punto de venta. ¿Se fortalecerá esta experiencia con apoyo, controles independientes y tarifas accesibles? ¿O terminará siendo otra prueba de que, ante el colapso de los servicios, cada comunidad debe resolver por su cuenta lo que debería garantizarse para todos?