La tensión entre las autoridades cubanas y sectores de la masonería volvió a escalar esta semana tras una citación del Ministerio de Justicia (MINJUS) a José Ramón Viñas Alonso, Soberano Gran Comendador del Supremo Consejo del Grado 33 para la República de Cuba. Según la denuncia difundida por el escritor y periodista José Ángel Santiesteban-Pratts, la Dirección de Asociaciones pretendía que Viñas entregara provisionalmente su puesto a Lázaro Faustino Cuesta Valdés, presentado como sustituto interino.
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El punto de conflicto no es solo personal ni ceremonial. Santiesteban-Pratts afirma que Cuesta Valdés no fue elegido por los miembros de la organización y que había sido expulsado por la Alta Cámara del Rito; además, desde febrero de 2025 tendría categoría de miembro emérito, condición que le impediría ejercer funciones directivas según la normativa interna. La acusación, por tanto, es que una autoridad estatal busca intervenir en una decisión que correspondería exclusivamente a una asociación civil. Hasta el momento, no ha trascendido una explicación pública del MINJUS sobre la citación, el alcance legal de la medida o los criterios usados para proponer el relevo.
La masonería cubana tiene una larga tradición de sociabilidad, beneficencia y participación cívica. Su historia atraviesa tanto las luchas independentistas como la construcción de redes educativas y de ayuda mutua. En un país donde las organizaciones sociales con verdadera independencia institucional son escasas, esa autonomía adquiere un significado político que va más allá de los rituales o de la pertenencia masónica. Defender que una asociación elija a sus dirigentes conforme a sus reglas no equivale a defender privilegios: significa reclamar un principio básico de democracia interna, participación y derecho de asociación.
El actual episodio se inscribe en una crisis que viene de antes. Viñas Alonso fue interrogado en julio de 2025 y recibió cargos por presunto tráfico de divisas, después de años de fricciones con autoridades cubanas. El dirigente había criticado la convocatoria de Miguel Díaz-Canel a enfrentar en las calles a los manifestantes del 11 de julio de 2021, postura respaldada entonces por la Alta Cámara del Rito. También denunció en enero de 2024 el robo de 19.000 dólares del Asilo Nacional Masónico Llansó, dinero guardado en el Gran Templo bajo la administración del entonces Gran Maestro Mario Alberto Urquía Carreño.
Desde esa denuncia, los desacuerdos internos han sido atravesados repetidamente por decisiones administrativas externas. Tras la expulsión de Urquía Carreño y la elección de Mayker Filema Duarte en 2024, el MINJUS intentó desconocer resoluciones tomadas por los masones. En mayo de 2025, la organización destituyó a Filema por no convocar elecciones; el Ministerio tampoco aceptó inicialmente esa decisión. Meses después, la elección de José Manuel Valdés Menéndez-Cuesta como Gran Maestro recibió finalmente reconocimiento oficial, una tregua institucional que ahora parece quebrarse.
El discurso estatal suele presentar la supervisión de asociaciones como garantía de legalidad y estabilidad. Sin embargo, el contraste con la denuncia masónica plantea otra lectura: la legalidad se vuelve frágil cuando la administración pública puede sustituir, ignorar o validar selectivamente las decisiones de una colectividad. En redes, el caso ha despertado preocupación precisamente porque evidencia cuánto margen queda para actuar fuera de las estructuras subordinadas al Estado. La incertidumbre también afecta a quienes sostienen instituciones de asistencia social, patrimonio y memoria comunitaria en medio de una crisis económica que ha erosionado las redes de protección cotidiana.
La cuestión de fondo no es quién ocupa un cargo masónico, sino si la sociedad cubana puede conservar espacios autónomos para debatir, elegir y cuidar bienes comunes sin tutela política. Cuando las instituciones independientes son tratadas como una amenaza, la participación termina reducida a la obediencia o al silencio. ¿Explicará el MINJUS las bases jurídicas de su actuación? ¿Podrán los masones resolver sus conflictos mediante sus propias normas y elecciones, sin que el Estado decida de antemano quién debe dirigirlos?