El Gobierno cubano puso en línea el trámite para solicitar protección social a través de la plataforma Soberanía, una medida que en apariencia acerca el Estado a quienes más lo necesitan. Pero en un país donde la conectividad sigue siendo irregular, el acceso digital no elimina la cola, sino que la traslada a otro terreno: el de la brecha tecnológica, la dependencia de intermediarios y la lentitud de las respuestas.
La novedad se inserta en un paquete más amplio de cambios al Sistema de Atención a la Familia, que ahora amplía los grupos con derecho a apoyo y permite incorporar prestadores no estatales, repartir alimentos a domicilio en determinados casos y ajustar la atención según las condiciones de cada municipio. Según la versión oficial, la reforma busca concentrar subsidios en los sectores más vulnerables sin tocar la libreta de abastecimiento ni la canasta normada.
En el plano normativo, la base jurídica está en la Gaceta Oficial y en los acuerdos publicados este año que ordenan el Sistema de Atención a la Familia como programa rectorado por el Mincin, con participación del MTSS, Salud Pública, Finanzas y Precios y otras instituciones. Es una arquitectura que intenta corregir un esquema viejo, surgido en 1998, para atender a más de 59 mil personas, pero que ahora opera bajo una lógica de escasez, descentralización parcial y fuerte presión fiscal.
Lo que cambia para la gente es importante, pero no necesariamente suficiente. Podrán pedir ayuda personas mayores que vivan solas, personas con discapacidad sin respaldo familiar, familias vulnerables sin condiciones para cocinar y, de forma excepcional, embarazadas en situación económica desfavorable. Sin embargo, la solicitud será evaluada por Trabajo y Seguridad Social y aprobada por los gobiernos municipales, lo que deja intacto un filtro burocrático que puede ayudar a ordenar casos, pero también a retrasar soluciones donde la urgencia manda.
Hay además una contradicción de fondo. El Gobierno presenta Soberanía como una plataforma gratuita y sin consumo de datos móviles, lo cual intenta resolver la barrera de la conectividad; pero la vida real no se limita al dato móvil. Hace falta teléfono, alfabetización digital, estabilidad eléctrica, acceso a seguimiento del trámite y, sobre todo, respuestas materiales: comida, medicinas, transporte y cuidado cotidiano. En ese punto, la digitalización puede mejorar la ventanilla, pero no crea recursos donde no los hay.
El contexto económico explica por qué la medida aparece ahora. En medio de las reformas económicas y sociales que el propio Ejecutivo anuncia como “la etapa más difícil”, el Estado busca reordenar subsidios, focalizar ayudas y hacer más visible quién necesita apoyo. Eso revela una tensión incómoda: la política social ya no se sostiene con universalidad efectiva, sino con selección, priorización y control administrativo. Para un jubilado solo, una madre sin ingresos estables o una persona con discapacidad, esa selección puede significar alivio o demora, según el municipio en que viva.
La señal política es clara: el Gobierno quiere mostrar capacidad de modernización social mientras administra una crisis que sigue empujando a más cubanos hacia la precariedad. El problema es que una aplicación no sustituye el salario perdido, ni una plataforma resuelve la desprotección de fondo. ¿Puede un trámite en línea compensar la debilidad material del sistema de asistencia? ¿O estamos viendo, otra vez, una modernización útil en la forma, pero insuficiente en el contenido?
Puedes consultar lo relacionado con esa legislación aquí.