La Resolución 13/2026 del Ministerio del Comercio Interior formaliza la creación del espacio y define que allí se venderán alimentos, materias primas, insumos y productos de alta demanda, siempre al por mayor, con facturas, pagos electrónicos y posibilidad de usar plataformas digitales, incluso con cobros desde el exterior. También exige áreas para carga, descarga y almacenamiento, lo que confirma que el Gobierno intenta dar una forma más institucional al comercio mayorista después de años de improvisación y restricciones cambiantes.
Pero la pregunta de fondo no es cómo funcionará en el papel, sino qué cambia realmente para un país donde el abastecimiento sigue roto. En julio, el propio Gobierno había derogado restricciones polémicas al comercio mayorista privado, una admisión indirecta de que el esquema anterior ahogó a mipymes y cooperativas. Ahora se anuncia una nueva arquitectura comercial que parece más flexible, aunque sigue sin resolver el elemento decisivo: la disponibilidad real de productos y la capacidad de financiar compras en un mercado interno asfixiado por la inflación y la escasez de divisas.
El contexto importa porque esta apertura no ocurre en un vacío, sino después de una secuencia de reformas que han ido corrigiendo el rumbo a golpes. Primero se limitaron actividades, luego se restringió el mayorista privado, después se flexibilizaron algunas reglas y ahora se crea otro canal con mezcla de CUP y divisas. Esa oscilación transmite una señal incómoda: el Estado reconoce que el control absoluto no funcionó, pero tampoco termina de entregar al sector no estatal un terreno estable para planificar, importar y vender sin sobresaltos regulatorios.
Para la población, el impacto dependerá de algo muy concreto: si este mercado termina siendo una vía real para bajar costos y mejorar la oferta, o si se convierte en otro circuito donde solo acceden quienes ya tienen dólares, contactos o margen financiero. Si los pagos pueden hacerse en divisas y mediante comercio electrónico, la medida puede favorecer a actores con liquidez y acceso tecnológico, pero no necesariamente al trabajador estatal, al jubilado o a la familia que vive del salario en CUP. En otras palabras: puede ordenar el abastecimiento de algunos, sin resolver la precariedad de la mayoría.
También hay un mensaje político detrás. El Gobierno intenta concentrar proveedores, facturar operaciones y formalizar cadenas de suministro, pero lo hace en medio de una economía fragmentada donde el mercado informal sigue marcando precios y el peso cubano continúa perdiendo credibilidad. Por eso este nuevo mercado mayorista puede leerse como una admisión tácita de que el modelo anterior ya no alcanza, aunque todavía no está claro si la solución será una modernización de fondo o solo otro ajuste para administrar la escasez. ¿Habrá suficiente mercancía para sostener el sistema? ¿O el nuevo mercado terminará reproduciendo, con lenguaje más técnico, las mismas desigualdades de siempre?