Chen Zhi, empresario chino‑camboyano, llegó a controlar indirectamente cerca del 28,55% de Habanos S.A. a través de una compleja red de sociedades registradas en Hong Kong, Islas Caimán y las Islas Vírgenes Británicas, lo que lo convertía en el mayor socio privado del negocio mundial del puro cubano, solo por detrás del 50% que mantiene el Estado cubano mediante Cubatabaco. Esa posición no surgió de la nada: formó parte del grupo de inversores que en 2020 desembolsó alrededor de 1.400 millones de dólares para adquirir el negocio de cigarros artesanales de Imperial Brands, operación que le dio un peso notable en la estrategia comercial de los habanos, en especial en los mercados asiáticos. Según documentación societaria citada en investigaciones especializadas, Chen llegó a controlar el 57,1% de la “holding” que canaliza la participación privada en Habanos S.A., lo que otorgaba a sus decisiones una influencia significativa sobre precios y distribución. ¿Hasta qué punto un accionista con ese nivel de control puede condicionar un sector considerado estratégico para la economía cubana?
El giro más dramático en la trayectoria de Chen no vino del negocio del tabaco, sino de los tribunales. De acuerdo con el medio financiero chino Caixin, citado por publicaciones especializadas, el 6 de julio de 2026 fue acusado formalmente en China por el delito de “lesiones intencionadas cometidas con medios crueles”, una figura penal que, según la legislación de ese país, puede castigarse con entre diez años de prisión, cadena perpetua o incluso pena de muerte. La imputación llegó unos seis meses después de que fuera detenido en Camboya y entregado a las autoridades chinas, lo que sugiere una coordinación entre países frente a la gravedad de los hechos que se le atribuyen. Además del cargo principal, enfrenta otra causa por presunta violación de derechos de autor, aunque los detalles de este segundo expediente han trascendido menos. ¿Qué impacto tiene para un conglomerado con intereses globales que uno de sus principales accionistas se enfrente a una posible condena capital?
Los problemas legales de Chen Zhi no se limitan a Asia. La Fiscalía del Distrito Este de Nueva York lo acusó en 2025 de liderar una organización criminal ligada a un esquema de estafas con criptomonedas conocido como “pig butchering” o fraude de “despiece de cerdos”, modalidad que mezcla engaños emocionales y financieros y que, según la acusación, habría generado hasta 30 millones de dólares mediante estafas en línea. Paralelamente, autoridades de Estados Unidos y el Reino Unido le impusieron sanciones por su presunta implicación en redes de fraude cibernético y trata de personas en el sudeste asiático, asociadas a recintos donde las víctimas eran obligadas a operar estafas en internet. El FBI lo considera prófugo y en territorio estadounidense se enfrenta a posibles penas acumuladas de hasta 40 años de cárcel por conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero, de acuerdo con esas acusaciones. En ese contexto, ¿cómo se evalúa la idoneidad de un socio cuando su nombre aparece vinculado a delitos financieros y violaciones de derechos humanos en varios continentes?
En el ámbito corporativo, las revelaciones sobre su rol en Habanos S.A. surgieron a partir de documentos enviados a autoridades administrativas europeas y del rastreo de estructuras “offshore” por parte de actores del propio sector tabacalero. Esos organigramas detallan cómo Chen poseía el 100% de una empresa en Islas Vírgenes Británicas, que a su vez controlaba el 57,1% de un fondo registrado en Islas Caimán; este dominaba una compañía en Hong Kong que, finalmente, era dueña de la sociedad española que detenta el 50% de Habanos S.A. A raíz de su situación judicial, Tabacalera SLU —la empresa que gestiona la participación privada en la compañía mixta del tabaco cubano— declaró a la agencia AFP que estaba “en un proceso de reestructuración para excluir al señor Chen Zhi del grupo”, una frase que admite la necesidad de reordenar la propiedad tras conocerse estas implicaciones. ¿Es suficiente una reestructuración societaria para blindar la reputación de una marca que se vende como sinónimo de lujo y tradición?
Por ahora, no existen indicios públicos de que las investigaciones contra Chen se hayan traducido en cargos contra Habanos S.A., contra Tabacalera SLU o contra autoridades cubanas, y ni el gobierno de la isla ni la empresa han emitido declaraciones formales sobre su caso. La estructura de Habanos S.A. sigue descrita oficialmente como una empresa mixta a partes iguales entre Cubatabaco y un socio privado con sede en España, encargada de la comercialización global de los puros hechos a mano bajo las marcas cubanas. Sin embargo, la revelación de que el “verdadero” control privado estaba en manos de un empresario ahora acusado de delitos graves ha alimentado el debate sobre el nivel de escrutinio que se aplica a los aliados extranjeros en sectores clave. ¿Hasta qué punto las jurisdicciones implicadas —Cuba, España, Hong Kong, paraísos fiscales y ahora China y Estados Unidos— comparten información y supervisan a los beneficiarios finales de estas operaciones? Y, mirando hacia adelante, ¿cambiará algo en la gobernanza del negocio del habano tras este caso o todo quedará como un ajuste interno más en un organigrama complejo?