Evo Morales reapareció públicamente en medio de un clima de tensión judicial y política en Bolivia, con un video que lo muestra conduciendo por su bastión y deteniéndose en un control policial. En las imágenes, grabadas desde el interior de su vehículo, se lo ve conversando con agentes antidrogas que lo reconocen y lo dejan continuar su trayecto. La difusión del material generó revuelo inmediato porque Morales enfrenta una orden de aprehensión por un caso de presunta trata agravada. Su aparición refuerza la idea de que sigue moviéndose con libertad en el Trópico de Cochabamba, una región donde conserva fuerte apoyo político y sindical. Para sus detractores, el video evidencia la incapacidad del Estado para ejecutar la captura.
La orden de captura contra Morales está vinculada a una investigación por supuesta trata agravada de menores. Según la Fiscalía, el caso se basa en indicios que apuntan a que el exmandatario habría tenido una hija con una adolescente en 2016, cuando aún era presidente. Los investigadores sostienen que el expediente reúne numerosas pruebas, entre ellas un acta de nacimiento y otros elementos documentales. Morales, por su parte, ha repetido que el proceso tiene motivaciones políticas y no ha aceptado el enfoque de la acusación. La causa se ha convertido en uno de los frentes judiciales más delicados de su carrera.
La reacción del Gobierno boliviano no tardó en llegar después de la publicación del video. El Ministerio de Gobierno informó que abrió un proceso disciplinario contra los dos policías de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico que aparecen en la grabación. Ambos fueron replegados a la dirección general de la unidad mientras avanza la investigación interna. Las autoridades los acusan de presunto incumplimiento de disposiciones institucionales y de no acatar órdenes reglamentarias. Ese paso buscó enviar una señal de control institucional, aunque también expuso la dificultad del Estado para hacer cumplir la orden judicial.
El caso también volvió a poner bajo la lupa la situación política que rodea a Morales en Bolivia. Desde octubre de 2024 existen al menos tres órdenes de captura vigentes, además de medidas como el arraigo, el congelamiento de cuentas y la declaración en rebeldía. Aun así, el expresidente ha mantenido una agenda pública en el Chapare, donde sus seguidores lo custodian para impedir una detención. En varias oportunidades, las autoridades han afirmado que la Policía tenía un plan para capturarlo, pero hasta ahora no ha podido concretarlo. Por eso, cada nueva aparición de Morales termina transformándose en una prueba política para el Gobierno y en un golpe para la credibilidad del sistema judicial.
Hasta este 27 de julio de 2026, el tema sigue siendo uno de los más comentados en la prensa boliviana e internacional, con Infobae, DW, RFI y otros medios retomando el video y el contexto judicial. Las coberturas coinciden en que la imagen de Morales saludando a policías fortalece la percepción de que sigue protegido en su bastión. También destacan que la orden de captura permanece vigente y que el proceso no se ha cerrado. El episodio reabre el debate sobre impunidad, poder territorial y la capacidad real del Estado para actuar en esa zona. En síntesis, Morales desafía otra vez a la justicia con una exhibición pública que vuelve a tensar la política boliviana.