El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, anunció el fin de los procesos electorales competitivos en el país al afirmar que “aquí no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos atrapar el Gobierno, atrapar el poder”, en referencia a la oposición. El mensaje fue pronunciado durante un acto masivo en Managua con motivo del 47 aniversario de la revolución sandinista, ante seguidores y dirigentes del Frente Sandinista de Liberación Nacional.
Ortega sostuvo que su decisión busca impedir que los opositores, a los que describió como “agazapados” y mayoritariamente exiliados, puedan usar las urnas para regresar al poder con apoyo extranjero. El mandatario de 80 años, que gobierna de forma continua desde 2007 junto a su esposa y copresidenta Rosario Murillo, adelantó que trabajará con la Asamblea Nacional para impulsar nuevas leyes que bloqueen cualquier intento de alternancia.
Las declaraciones se producen meses después de una reforma constitucional aprobada en 2025 que extendió el período presidencial de cinco a seis años y otorgó al Ejecutivo coordinación directa sobre los poderes legislativo, judicial y electoral, así como mayor control sobre el Ejército, la Policía y otros organismos. Estos cambios permiten que las elecciones generales previstas originalmente para noviembre de 2026 puedan retrasarse hasta 2027 y consolidan la posibilidad de que Ortega y Murillo se mantengan en el cargo al menos hasta 2028.
El anuncio de que “no volverá a haber elecciones” ha sido interpretado por analistas y organizaciones de derechos humanos como la ruptura definitiva de las últimas formalidades democráticas en Nicaragua. Críticos del régimen señalan que el país ya vivía una grave crisis institucional, con partidos opositores ilegalizados, líderes encarcelados o exiliados y medios independientes cerrados o perseguidos, ahora acompañada de la eliminación explícita de la vía electoral.
La comunidad internacional, incluida la Organización de Estados Americanos y diversos gobiernos occidentales, ya venía denunciando el deterioro democrático y las restricciones de derechos en Nicaragua, y se espera que el nuevo anuncio incremente las presiones diplomáticas y las sanciones. Mientras tanto, sectores opositores en el exilio advierten que la negativa a celebrar elecciones abre un escenario más incierto para la resolución pacífica de la crisis y refuerza el carácter de “dictadura abierta” del régimen Ortega‑Murillo.