El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha entregado ya el 10% del territorio de Nicaragua a empresas mineras de capital chino, según informes de organizaciones ambientalistas y medios especializados que han seguido de cerca la expansión del sector extractivo. Las concesiones, aprobadas en su mayoría en tiempo récord, se concentran en la explotación de oro y otros minerales metálicos, en un contexto de crecientes sanciones internacionales contra el gobierno nicaragüense y de acercamiento estratégico a Pekín.
De acuerdo con el Atlas de concesiones mineras y reportes de la Fundación del Río, hasta junio de 2026 el régimen ha otorgado al menos 84 concesiones a 22 empresas de capital chino, que abarcan más de 1,2 millones de hectáreas, el equivalente aproximado al 10% del territorio nacional. Informes previos hablaban ya de un 8,5% del país bajo control de mineras chinas, cifra que se ha incrementado con nuevas licencias aprobadas en 2026 y que consolidan a China como el actor extranjero dominante en la minería nicaragüense.
Los proyectos se extienden especialmente sobre la Costa Caribe Norte y Sur y otras zonas ricas en recursos minerales, donde varias empresas chinas —como Three Gold Coins Company, Thomas Metal, Brother Metal y otras— han recibido títulos para explotar grandes extensiones durante décadas. Ambientalistas han denunciado que al menos 17 territorios indígenas y áreas protegidas se ven afectados por estas concesiones, lo que implica riesgos de deforestación, contaminación de fuentes de agua y desplazamiento de comunidades.
Diversos informes señalan que las consultas con las comunidades han sido “exprés” o incompletas, con actas sin información suficiente y procesos que no cumplen los estándares de consulta libre, previa e informada establecidos en normas internacionales. Organizaciones locales acusan al gobierno de utilizar estas consultas formales como mero trámite para legitimar el avance minero, al tiempo que se restringe el espacio para la protesta y se criminaliza a líderes comunitarios.
En paralelo, analistas apuntan a que la cesión acelerada de territorio a capital chino tiene una dimensión geopolítica, pues fortalece la alianza de Managua con Pekín frente a las sanciones de Estados Unidos y Europa. Mientras el régimen presenta la minería como motor de ingresos y empleo, organizaciones civiles advierten de un modelo extractivista altamente concentrado, con escasa transparencia y fuertes impactos sociales y ambientales que comprometen el futuro de las comunidades y la biodiversidad del país.