Estados Unidos decidió imponer un nuevo arancel del 25% sobre una amplia lista de productos importados desde Brasil, con aplicación a partir del 22 de julio, tras una investigación de un año de la Oficina del Representante Comercial (USTR) sobre supuestas prácticas “desleales”. Según Washington, ciertas medidas brasileñas en materia de comercio digital y competencia asociada al sistema de pagos PIX habrían creado “cargas o restricciones” para empresas y trabajadores estadounidenses, lo que justificaría la respuesta arancelaria. Al mismo tiempo, el aviso oficial deja fuera del gravamen a rubros clave como la carne de res, el café y determinadas piezas de aeronaves, además de otros bienes que Estados Unidos no produce, para minimizar el impacto directo en su propia economía. Esta combinación de castigo selectivo y excepciones estratégicas abre una pregunta inmediata: ¿se trata de una respuesta técnica a políticas concretas o de una herramienta de presión más amplia en la relación con Brasil?
Desde el lado brasileño, la reacción fue rápida y dura. El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva rechazó la medida y afirmó que “no reconoce la legitimidad de investigaciones sin respaldo en las reglas multilaterales de comercio”, en alusión directa al procedimiento seguido por la USTR. En un comunicado difundido por la presidencia y replicado por Lula en redes sociales, Brasil recordó que, según estadísticas del propio Gobierno estadounidense, Estados Unidos ha acumulado en los últimos 15 años un superávit de 424.500 millones de dólares en bienes y servicios en su intercambio con Brasil, cuestionando así la narrativa de que Washington sería la parte perjudicada. A la vez, el Ejecutivo anunció que “iniciará de inmediato los trámites para activar los instrumentos previstos en la Ley de Reciprocidad”, aprobada en 2025 precisamente como respuesta a la ofensiva arancelaria lanzada por Donald Trump contra decenas de países. ¿Estamos ante el comienzo de una guerra comercial bilateral en el corazón de América?
La dimensión multilateral tampoco queda fuera. Brasil informó que llevará el asunto al mecanismo de solución de controversias de la Organización Mundial del Comercio (OMC), reabriendo un frente que ya había sido muy activo durante anteriores rondas de aranceles globales impulsadas por Washington. Mientras tanto, desde Estados Unidos, el representante comercial Jamieson Greer defendió la medida alegando que “las prácticas comerciales desleales de Brasil han impedido que los trabajadores y productores estadounidenses accedan a este importante mercado” y aseguró que siguen “abiertos a continuar las negociaciones con Brasil para lograr los cambios necesarios”. En paralelo, el secretario de Estado, Marco Rubio, elevó el tono político al afirmar que Lula “no ha negociado con Estados Unidos de buena fe” y que estos aranceles serían “el precio que debe pagar” por anteponer su “ego” al “bienestar del pueblo brasileño”. Este cruce de acusaciones muestra hasta qué punto la disputa comercial se mezcla con la confrontación política entre ambas administraciones.
El contexto interno en Estados Unidos añade otra capa de complejidad. Este nuevo arancel llega después de que la Corte Suprema anulara en febrero buena parte de los aranceles globales aplicados bajo una ley de emergencia, obligando al Gobierno de Trump a rediseñar su estrategia económica exterior. En respuesta, la administración ha propuesto gravámenes dirigidos a varios socios comerciales, argumentando que algunos países no actúan con suficiente firmeza contra el trabajo forzoso y otras prácticas consideradas injustas. En el caso brasileño, además de los señalamientos sobre comercio digital y PIX, Washington busca acceder al mismo trato arancelario preferencial que Brasil ya ofrece a socios como México o India. La pregunta es si esta presión vía aranceles logrará abrir más el mercado brasileño para productos estadounidenses o si, por el contrario, consolidará una postura defensiva de Brasil y alentará la búsqueda de otros aliados comerciales.
Brasil, por su parte, no llega a este choque sin experiencia previa. Ya en 2025, el Gobierno de Trump había impuesto fuertes aranceles a exportaciones brasileñas como reacción al juicio por intento de golpe de Estado contra Jair Bolsonaro, medidas que en parte fueron revertidas tras negociaciones bilaterales que Lula presentó como una victoria diplomática. Ahora, sin embargo, el tablero es distinto: la nueva ronda de impuestos se anuncia en plena campaña, con el expresidente Bolsonaro —hoy condenado a 27 años— y su hijo Flavio convertidos en actores de una oposición que también se proyecta hacia Washington, hasta el punto de pedir que no se impusieran nuevos aranceles por considerar que podrían beneficiar políticamente a Lula. En este escenario, cabe preguntarse si los nuevos gravámenes obedecen solo a criterios comerciales o si también funcionan como pieza en una partida donde se cruzan la geopolítica, las elecciones brasileñas y la estrategia económica de Trump.