Lo que debía ser una ceremonia de graduación se convirtió en un nuevo escenario de presión para el joven activista Abel Alejandro Andrés Navarro, integrante del colectivo juvenil Fuera de la Caja Cuba. Según denunció el grupo en Facebook, un agente de la Seguridad del Estado se le acercó durante el acto y, en tono claramente intimidatorio, le dijo que «hacíamos bien en parar en redes sociales», dejando claro que el foco del acoso está directamente relacionado con su actividad pública en internet. Este oficial sería el mismo que lo interrogó el 2 de julio, cuando él y su hermana Amanda Beatriz fueron retenidos en la Unidad de la PNR de 10 de Octubre, en Lawton, por un tiempo que superó el límite legal de dos horas que marcan las propias normas cubanas. El mensaje implícito es evidente: aunque no estén en una estación policial ni en un contexto político formal, los ojos del aparato de seguridad siguen sobre ellos.
El colectivo Fuera de la Caja Cuba aprovechó la denuncia para aclarar un punto clave: la caída en el ritmo de sus publicaciones no tiene que ver con miedo, sino con una situación personal grave. «Si no hemos subido videos recientemente, no es porque nos hayan amedrentado. Se debe principalmente a una situación de salud muy delicada por la que pasa el padre de Mauro», explicaron, subrayando que su silencio relativo en redes responde a motivos familiares y no a una capitulación ante las presiones. Al mismo tiempo, aseguraron que el incidente en la graduación no es aislado, sino parte de un patrón: «Hemos recibido llamadas extrañas, mensajes intimidantes… todo forma parte de una campaña sistemática de acoso», añadieron, describiendo un clima de vigilancia constante. Esta combinación de factores plantea una pregunta incómoda: ¿hasta qué punto la vida cotidiana de estos jóvenes puede separarse de su condición de voces críticas en línea?
Fuera de la Caja Cuba está integrado por Karel Daniel Hernández Bosques, Amanda Beatriz Andrés Navarro, Abel Alejandro Andrés Navarro y Mauro Reigos Pérez, todos jóvenes de alrededor de veinte años del municipio Cerro, en La Habana, que usan las redes para cuestionar al sistema y mostrar la realidad del país desde su propia perspectiva. Por esa razón, se han convertido en blanco de un conjunto de medidas que, según denuncias públicas, incluye inhabilitación de líneas telefónicas por parte de ETECSA, hackeo de cuentas de WhatsApp, visitas intimidatorias a las casas de sus familiares y amenazas directas a sus padres. El operativo del 2 de julio, cuando varios de ellos fueron citados y retenidos, fue visto por activistas como un intento deliberado de impedir que asistieran a la conmemoración del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos en la residencia del jefe de misión, Mike Hammer, un acto al que estaban invitados. La Embajada de EE.UU. en La Habana llegó a denunciar la represión en sus canales oficiales y el propio Hammer cuestionó públicamente, en redes, que se amenazara a cubanos por acudir a eventos diplomáticos.
Los miembros de Fuera de la Caja también han relatado detalles de los interrogatorios que dan una idea del tipo de control que se intenta ejercer sobre su discurso. En una de esas comparecencias, los agentes llegaron a señalar que la frase cotidiana «hasta cuándo» —muy usada en la calle para expresar cansancio o protesta— podía considerarse un acto de incitación a delinquir, según contaron ellos mismos. Abel fue retenido en lo que su hermana describió como «una especie de calabozo», reforzando la sensación de castigo ejemplarizante por su actividad en redes. Estas experiencias se insertan en un contexto más amplio, en el que organizaciones de derechos humanos han advertido que el delito de “instigación a delinquir”, tal como está formulado en la legislación penal cubana y reforzado en sus últimas versiones, puede usarse para criminalizar campañas o mensajes críticos difundidos en plataformas digitales. Así, expresiones que para muchos son simples desahogos cotidianos, en boca de influencers o activistas pueden ser interpretadas como amenazas al orden público.
A pesar de la presión, el cierre del comunicado de Fuera de la Caja Cuba muestra que no se consideran derrotados. «Vivir en este país nos la pone muy difícil, pero que les quede claro: nuestra convicción sigue más firme que nunca», afirmaron, dejando claro que, al menos por ahora, su respuesta a la intimidación pasa por reafirmar su propósito. El caso abre varias preguntas hacia adelante: ¿continuarán usando las redes con la misma fuerza pese a las advertencias? ¿Habrá más episodios como el de la graduación en espacios supuestamente ajenos a la política? ¿Hasta dónde puede escalar una campaña de hostigamiento sin que existan garantías procesales claras para jóvenes que no han sido acusados formalmente de ningún delito? Lo que sí parece evidente es que este enfrentamiento entre un grupo de creadores digitales y el aparato de seguridad del Estado ya no se libra solo en los teléfonos y las cámaras, sino también en la vida diaria de quienes se atreven a hablar “fuera de la caja”.