En los últimos días, el Consejo Popular Rampa, en pleno Vedado, ha saltado a titulares oficiales y debates en redes por “El Rampeño”, un proyecto de desarrollo local que aspira a convertir la basura en energía y el barrio en solución mediante triciclos eléctricos y una “solinera” fotovoltaica en la icónica esquina de 23 y J. La crónica de Cubadebate y la nota en el portal de la Asamblea de La Habana describen la iniciativa como innovadora, eficiente, casi ejemplar: 30 triciclos, recogida puerta a puerta en 14 circunscripciones, dos horarios fijos —7:00 a.m. y 8:00 p.m.—, y una estación solar que alimentará los vehículos, cargará móviles y hasta aportará al Sistema Eléctrico Nacional. El discurso oficial insiste en la creatividad local y en la articulación entre Partido, Gobierno y comunidad, pero apenas profundiza en las condiciones que llevaron a que la basura se convirtiera en uno de los símbolos más visibles de la crisis urbana habanera.
Los medios independientes y parte de la diáspora han leído la noticia desde otro ángulo: “El único país donde recoger basura es noticia”, titula CiberCuba, subrayando el contraste entre el entusiasmo oficial y el hecho de que la gestión de residuos lleva años en emergencia. Reportajes previos señalan que La Habana genera entre 24 000 y 30 000 metros cúbicos de desechos diarios, mientras menos de la mitad de los camiones recolectores están operativos por falta de combustible y deterioro técnico, lo que explica los montículos permanentes de desperdicios en barrios céntricos y periféricos. En ese contexto, un proyecto sectorial con triciclos eléctricos aparece tanto como respuesta puntual como síntoma de una lógica de “parches” que no termina de enfrentar el problema estructural de financiamiento, planificación y transparencia en los servicios comunales.
Más allá del relato tecnológico, la clave está en el bolsillo y en la gobernanza local. “El Rampeño” se sostiene sobre tres fuentes: triciclos asignados por el Estado, el llamado 1% de contribución territorial que grava ingresos de empresas públicas y privadas, y cuotas mensuales de 100 pesos por vivienda, con tarifas superiores para entidades estatales y negocios privados, además de recargos por recogidas nocturnas o grandes clientes. Las autoridades han aclarado que adultos mayores sin ingresos y personas con discapacidad quedarían exentos, pero esa “gratuidad” depende de que delegados y “factores” de cada circunscripción identifiquen a los beneficiarios, sin criterios públicos verificables, lo que en la práctica deja un margen amplio para discrecionalidad y clientelismo de base. En una ciudad donde los salarios estatales se erosionan frente a la inflación y el sector privado opera sometido a oscilaciones regulatorias y cortes eléctricos, pagar por la basura puede ser racional desde el punto de vista de costos, pero también puede profundizar desigualdades en el acceso a un servicio básico.
Las reacciones en redes sociales condensan ese choque de narrativas. Mientras las cuentas oficiales de Cubadebate y la institucionalidad habanera replican la crónica como ejemplo de participación comunitaria y “innovación socialista”, en X y Facebook abundan comentarios que oscilan entre la ironía —“ahora sí la basura será revolucionaria”— y el escepticismo pragmático: usuarios preguntan qué pasará con las zonas que no pueden pagar, quién controlará la calidad del servicio y si los triciclos resistirán el volumen real de desperdicios en un Vedado donde conviven viviendas envejecidas, edificios multifamiliares y negocios privados que generan residuos constantes. Otras publicaciones recuerdan que campañas anteriores como “Operación Limpieza” o “Cuba Recicla 2026” terminaron como episodios de movilización puntual sin impacto duradero, y temen que el proyecto se quede en piloto de vitrina, útil para las cámaras pero incapaz de generar un cambio sistémico.
En la vida cotidiana, el impacto potencial del proyecto se distribuye de manera desigual entre grupos. Para trabajadores estatales con salarios deprimidos, 100 pesos mensuales pueden significar elegir entre basura más controlada o algún producto básico, mientras jóvenes vinculados al sector privado podrían asumir el costo con más holgura, pero exigir servicios estables, transparencia en tarifas y posibilidad de reclamar frente a fallos. Migrantes internos y familias en edificaciones en mal estado viven la basura como un riesgo sanitario directo, asociado a plagas y enfermedades, y no necesariamente como oportunidad de empleo en los 70 puestos directos que se anuncian para vecinos de la zona. En paralelo, la idea de una “solinera” solar toca el debate más amplio sobre transición energética y crisis de combustible, pero sin despejar la pregunta de cómo se articularán estas iniciativas descentralizadas con un sistema eléctrico nacional que sigue dependiendo fuertemente de importaciones y presenta apagones frecuentes.
El caso de “El Rampeño” revela, al final, una tensión recurrente en la Cuba actual: entre la necesidad urgente de soluciones locales y el peso de un modelo que convierte cualquier gestión básica —la basura, el agua, el transporte— en noticia, experimento o épica, sin asumir plenamente las causas estructurales de la precariedad. Que la limpieza de las calles dependa de triciclos, cuotas y delegados abre preguntas sobre el derecho a servicios públicos universales, el futuro de la gobernanza comunitaria y el papel del sector privado en sostener lo que el Estado ya no puede garantizar por sí solo. ¿Será “El Rampeño” un laboratorio de gestión más democrática y eficiente, capaz de escalar y corregir inequidades, o terminará sumándose a la lista de proyectos que decoran el discurso mientras la basura sigue marcando el pulso real de la ciudad? ¿Qué tipo de ciudad están imaginando las autoridades cuando la noticia no es que se reconoce el fracaso de la política de residuos, sino que se celebra como novedad que, por fin, alguien venga a recoger la basura?