Iván Cepeda llevó la disputa política con Abelardo de la Espriella a un nuevo nivel al anunciar que no reconocerá su autoridad si no renuncia a su ciudadanía estadounidense y aclara posibles vínculos con agencias de seguridad de EE.UU. En su mensaje, el excandidato y ahora senador electo sostuvo que, si esas condiciones no se cumplen antes de la posesión del 7 de agosto, impulsará una “desobediencia civil pacífica” y considerará la investidura como “ilegal e ilegítima”.
La frase más fuerte de Cepeda fue directa: “Si estas condiciones de legalidad no se cumplen (…) no me prestaré para esta violación de nuestra soberanía y emprenderé el camino de la desobediencia civil pacífica”. Con eso, el dirigente no solo cuestionó la doble nacionalidad del presidente electo, sino que también abrió un frente político sobre soberanía, legitimidad y el alcance de la oposición en el nuevo escenario colombiano.
El reclamo no se limita a la ciudadanía estadounidense. Cepeda también pidió que De la Espriella cese cualquier persecución contra Gustavo Petro, abandone la idea de impulsar una extradición del mandatario saliente y deje de promover acciones contra opositores que, según él, podrían terminar judicializadas en Estados Unidos. En otras palabras, el debate ya no gira solo alrededor de un documento o una nacionalidad, sino de la relación que el próximo gobierno tendría con la oposición y con el poder judicial.
Desde el lado del presidente electo, la respuesta fue frontal. Su equipo le recordó a Cepeda que “el pueblo colombiano habló en las urnas” y que, por tanto, corresponde respetar el veredicto democrático, además de insistir en que no se debe alentar el desconocimiento del orden institucional. Esa réplica busca poner el foco en la legitimidad electoral de De la Espriella y en la idea de que ninguna protesta política debería traducirse en un desconocimiento del resultado de las elecciones.
El trasfondo jurídico complica todavía más la discusión. El Consejo Nacional Electoral ya había concluido que la doble nacionalidad no constituye una inhabilidad para ser presidente si el aspirante es colombiano por nacimiento, y diversos juristas han coincidido en que no puede añadirse una restricción que no esté prevista en la Constitución. Aun así, el debate sigue abierto en el terreno político, especialmente por el respaldo que Donald Trump expresó durante la campaña y por la lectura que sectores de izquierda hacen sobre una posible injerencia extranjera.