La llamada “Ley de Nietos” volvió al centro del debate político en España y, esta vez, el cruce de acusaciones va mucho más allá de la discusión jurídica. PP y Vox sostienen que el Gobierno está usando la norma para ampliar el censo electoral, mientras que el Ejecutivo insiste en que se trata de una reparación histórica para descendientes de españoles exiliados. ¿Derecho pendiente o cálculo electoral? Esa es la pregunta que hoy divide a partidos, familias y a buena parte del voto exterior.
La expresión “Ley de Nietos” no corresponde a una ley independiente, sino a la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, aprobada en octubre de 2022. Esa disposición permite pedir la nacionalidad a nacidos fuera de España que sean hijos o nietos de personas que perdieron o renunciaron a la ciudadanía española por motivos políticos, ideológicos, religiosos o por orientación o identidad sexual. El plazo para presentar nuevas solicitudes terminó el 22 de octubre de 2025, aunque los expedientes entregados a tiempo siguen en trámite.
El choque político se reactivó con fuerza a finales de junio de 2026, cuando Alberto Núñez Feijóo acusó a Pedro Sánchez de hacer “ingeniería electoral” y de querer sumar hasta 2,5 millones de potenciales votantes mediante nacionalizaciones, según la cobertura de El Mundo. El Gobierno respondió que no hay truco alguno, sino una medida de justicia para descendientes de españoles afectados por el exilio, y acusó a la oposición de exagerar el impacto para “esparcir el odio y el miedo a los migrantes”.
Los números explican por qué el asunto tiene tanto peso político. Según los datos citados por El Mundo, hasta el 31 de marzo se habían registrado 2,4 millones de peticiones de cita, 1,2 millones de solicitudes en consulados, 544.722 expedientes aprobados y 306.000 inscripciones practicadas. Eso significa que el debate ya no es solo simbólico: se trata de un proceso administrativo masivo con efecto potencial sobre el censo exterior, en un país donde el voto CERA ya ha movido escaños en elecciones anteriores.
En el fondo, la discusión deja abiertas varias preguntas incómodas: ¿está España corrigiendo una deuda histórica con quienes perdieron la nacionalidad por el exilio? ¿O se está alterando un equilibrio electoral de cara a futuras citas con las urnas? El precedente del voto exterior, que ya cambió el reparto de un escaño en Madrid tras el recuento del 23J, hace que cualquier nueva incorporación al censo se mire con lupa y con mucha tensión política.