Perú vive uno de los procesos electorales más ajustados de su historia reciente, con una segunda vuelta presidencial que mantuvo en vilo al país durante más de dos semanas. Los últimos datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) situaron a Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, con una ventaja mínima sobre Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, cuando el escrutinio superaba el 99,7 % de las actas procesadas. Según el organismo electoral, la diferencia rondaba los 40.600 votos entre ambos candidatos, un margen suficiente para colocar a Fujimori al frente del conteo, pero lo bastante estrecho como para mantener la incertidumbre política hasta la resolución de las actas pendientes y las eventuales impugnaciones. ¿Qué significa una elección decidida por una fracción tan pequeña del electorado y qué desafíos enfrenta el sistema democrático cuando el resultado divide prácticamente al país en dos?
De acuerdo con la ONPE, Keiko Fujimori acumulaba el 50,111 % de los votos válidos, equivalente a más de 9,19 millones de sufragios, mientras Roberto Sánchez obtenía el 49,889 %, con poco más de 9,15 millones de votos. Quedaban únicamente 263 actas en proceso de envío al Jurado Electoral Especial (JEE), mientras que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) mantenía previsto proclamar oficialmente al ganador una vez concluyeran todas las revisiones legales. La propia ONPE insistió en que el proceso seguía los procedimientos establecidos por la legislación peruana, mientras observadores internacionales de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de la Unión Europea señalaron que la jornada electoral transcurrió con normalidad y llamaron a respetar las instituciones y los mecanismos legales de revisión. La experiencia de elecciones anteriores, también definidas por márgenes muy estrechos, volvió a convertirse en un referente para las autoridades encargadas de garantizar la transparencia del escrutinio.
La disputa se intensificó cuando Roberto Sánchez anunció que no reconocería los resultados preliminares y denunció presuntas irregularidades relacionadas con el voto emitido por los peruanos residentes en el extranjero. «No vamos a reconocer estos resultados», declaró el candidato, al tiempo que solicitó la nulidad de sufragios procedentes de decenas de consulados, argumentando supuestas fallas en el procedimiento de transmisión de las actas. Sin embargo, tanto la Cancillería peruana como las autoridades electorales respondieron que las modificaciones aplicadas durante el proceso fueron autorizadas debido a problemas técnicos y se realizaron conforme a la normativa vigente. Hasta el momento, las denuncias no han sido respaldadas con pruebas concluyentes, mientras los organismos internacionales continúan respaldando la transparencia del proceso y exhortando a mantener la calma.
Por su parte, Keiko Fujimori evitó pronunciarse sobre las acusaciones de fraude y centró su discurso en un mensaje de unidad y seguridad ciudadana. Durante un acto público afirmó que «el siguiente paso es acabar con la delincuencia», una de las principales promesas de su campaña, enfocada en combatir la criminalidad y recuperar la estabilidad institucional del país. Diversos analistas consideran que el voto de los peruanos en el exterior terminó siendo determinante para inclinar la balanza, ya que ese segmento del electorado mostró un respaldo mayoritario hacia la candidata de Fuerza Popular. Al mismo tiempo, el resultado refleja una marcada división territorial, con Sánchez imponiéndose en numerosas regiones rurales y Fujimori obteniendo un amplio respaldo en Lima y entre los votantes residentes fuera del país.
Más allá de quién ocupe finalmente la Presidencia, la elección deja al descubierto la profunda polarización que atraviesa Perú después de varios años de inestabilidad política, cambios constantes de gobierno y enfrentamientos entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. Expertos advierten que el próximo mandatario deberá enfrentar desafíos como el fortalecimiento de las instituciones, la recuperación de la confianza ciudadana, la lucha contra la inseguridad y la reactivación económica, además de gobernar en un escenario altamente fragmentado. El ajustado resultado también abre un debate sobre la importancia de respetar los canales legales para resolver las controversias electorales. ¿Podrá el próximo gobierno reducir la polarización y construir consensos o este proceso marcará el inicio de una nueva etapa de confrontación política en Perú?