La 56 Asamblea General de la OEA, celebrada en Panamá, dejó en el centro del debate la situación política de Cuba, Venezuela y Nicaragua, con llamados cada vez más duros sobre democracia, derechos humanos y presos políticos. En esa línea, el subsecretario de Estado estadounidense Christopher Landau pidió “resultados y no solo declaraciones”, calificó a Cuba de “Estado fallido y autoritario” y exigió “cero tolerancia” frente a los totalitarismos cubano y nicaragüense. ¿Está la OEA entrando en una etapa de mayor presión real o seguirá atrapada entre discursos fuertes y medidas limitadas.
Durante la plenaria y los diálogos paralelos, el secretario general Albert Ramdin sostuvo que la OEA debe ampliar el espacio democrático donde hoy es inexistente o insuficiente, mencionando de forma expresa a Cuba, Nicaragua y Venezuela. Dos días después, la Secretaría General reclamó restaurar sistemas plenamente democráticos en esos países y expresó preocupación por los presos políticos, pidiendo su liberación urgente e incondicional. En paralelo, el presidente panameño José Raúl Mulino deploró el deterioro de los derechos humanos en Nicaragua, habló de la necesidad de que Cuba alcance una democracia plena y pidió una transición rápida en Venezuela con elecciones libres y observadas.
La discusión no se quedó en Panamá. La Unión Europea, durante su intervención, pidió la excarcelación incondicional de los presos políticos venezolanos, denunció el deterioro nicaragüense y reclamó que Cuba respete los derechos de sus ciudadanos y atienda su crisis humanitaria. El canciller costarricense Manuel Tovar también elevó el tono al denunciar la represión en Nicaragua y exigir esclarecimiento por la muerte de Brooklyn Rivera bajo custodia. ¿Hasta qué punto estos pronunciamientos diplomáticos pueden traducirse en acciones concretas y no quedar solo en actas y ruedas de prensa.
El texto también pone el foco en el contraste entre el lenguaje institucional y la realidad de terreno. Mientras algunos discursos evitaron declarar ilegítimos a los regímenes, las delegaciones volvieron a insistir en la libertad de los presos políticos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, evidenciando que el problema no es la falta de diagnósticos, sino la ausencia de respuestas más firmes. En paralelo, defensores de derechos humanos de los tres países denunciaron campañas de descalificación por parte de estructuras afines al régimen cubano, que los llamaron “mercenarios” y hablaron de una supuesta maniobra anticubana.
Más allá del choque político, la idea central que deja la Asamblea es clara: Cuba sigue siendo vista por varios gobiernos y organismos como un caso pendiente dentro del mapa democrático hemisférico. Para unos, la OEA debería pasar de las palabras a la presión efectiva; para otros, la prudencia diplomática sigue imponiéndose sobre la confrontación directa. ¿Debe el organismo endurecer su postura frente a La Habana, Caracas y Managua o mantener la vía del pronunciamiento multilateral.